18 Julio de 2022 13:47
La Dirección General de Aduanas descubrió y denunció a una empresa que obtuvo medidas cautelares que pidió a la justicia para imporatar mercadería sin contar con el requisito obligatorio para lograr validarles a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y que le “alquilo” dicha documentación a otra compañía, para ingresar al país mercadería desde China.
El modus operandi lo realizaron de la siguiente manera: la firma en cuestión había obtenido una medida judicial sin tener la SIMI aprobada por la Aduana. De esa manera, la empresa Yoko S.A. no sólo no utilizó la cautelar sino que la “alquiló” en beneficio de la compañía Tropea S.A. Así fue que la Aduana descubrió el delito que había realizado para importar productos de marroquinería.
De hecho, el organismo del Estado denunció ante la Justicia lo que llevaron adelante los titulares de Yoko y Tropea. La firma con la cautelar realizó un contrato para que Tropea pueda importar productos durante un mes, entre el 21 de junio y el 21 de julio. Para eso, obtuvieron una ganancia económica. Además, según detallaron en un comunicado de la Aduana, realizaron dicha maniobra cuando la mercadería debía ser preautorizada por la SIMI.
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Fuentes de Aduana explicaron: “Yoko le alquiló la cautelar a Tropea para que pudieran ingresar al país carteras de origen chino”. Por su parte, la Aduana, a cargo de Guillermo Michel, realizó una denuncia en el Juzgado Contencioso Administrativo en lo federal número 8, secretaria 15. También realizarán una denuncia en el fuero penal económico por estafa procesal. También multarán a las empresas con 200.000 dólares.
En una entrevista, Michel explicó: “La Aduana debe proteger a la industria nacional y al empleo argentino, pero también debe evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado”. Y completó: “Estamos investigando porque creemos que fueran muchas otras las empresas que llevaron adelante esta maniobra”.
Luego de iniciar la causa en la Justicia, la Aduana no solo bloqueó el ingreso de la mercadería al mercado sino que dio aviso a las empresas de la multa que deberán pagar, que sería, al menos cinco veces más cara del valor de los productos que ingresaron al país, según establece el Código Aduanero.
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Además de conformar un equipo de 15 personas para descubrir la misma maniobra por parte de otras empresas, la Aduana le exigió al juez que recabe testimonios sobre los hechos denunciados con el objetivo de conformar una causa por presunta estafa procesal en el marco de importación de productos.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se hizo eco del escándalo y escribió en sus redes sociales: “¿Alquiler de cautelares? O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, ¿además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”.
Mientras tanto, la Aduana investiga la cantidad de empresarios que habrían utilizado el “alquiler de cautelares” para ingresar mercadería sin la autorización del estado. Además, fuentes oficiales advirtieron que, en los últimos dos años, las empresas argentinas importaron con medidas cautelares de por medio por un valor superior a los 1800 millones de dólares.
