01 Agosto de 2022 17:09
El 15 de julio, la Cámara Federal sobreseyó al ex presidente Mauricio Macri y al resto de los imputados en la investigación, que eran autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas en el hundimiento del submarino ARA San Juan, que desapareció en noviembre de 2017.
El falllo dictado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dejaron sin efecto el procesamiento contra Macri, que había sido decidido por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en diciembre de 2021. En la causa, Bava también había procesado a los directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani junto con otros funcionarios de peso de su gestión: los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el exdirector de Reunión Eduardo Winkler y el jefe de la base Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez. A ellos se sumaron cinco agentes que hacían tareas.
Según la investigación de Bava, el espionaje se había desarrollado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, cuando el Gobierno de Macri informó que el submarino había sido encontrado. Eso constaba por diferente documentación que halló la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño, que denunció el caso en septiembre de 2020. En los documentos encontrados en la base Mar del Plata de la Ex SIDE, había informes sobre familiares y fotos de los seguimientos que realizaban los agentes. De manera insólita, para Comodoro Py ese material no sirvió de nada.
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Ahora el fiscal general José Luis Agüero Iturbe reclamó pidió la anulación del fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al ex presidente Mauricio Macri en la causa por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Según el fiscal, la resolución es “arbitraria”.
En su dictamen, Agüero Iturbe afirmó: "Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla".
Además, el fiscal aseguró que la Cámara Federal de Casación Penal debe anular el fallo dictado por el tribunal de apelaciones y que Macri había sido procesado por el juez federal de Dolores, Bava, debe ser vuelto a indagar en Comodoro Py dado que, a su criterio, el procesamiento excedía aquello que se le había imputado. En sus argumentos el fiscal criticó lo resuelto por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes vinculó por no haber analizado debidamente el avasallamiento del derechos de las víctimas de las supuestas maniobras de espionaje ilegal.
Además Agüero Iturbe afirmó: "Los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación", sostuvo el fiscal y remarcó que, de esa manera, omitieron "considerar que ciudadanos comunes y corrientes (...) no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse”.
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Y continuó: "Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional. Repugna al sentido más básico de justicia que se considere que ´los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales -entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior-".
En tanto, citó sobre el fallo de la Cámara Federal Porteña: "Ello, frente a cualquier riesgo, como por ejemplo la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o a su residencia´”. Y remarcó: “en ningún momento las víctimas hicieron referencia alguna ni si quiera de modo potencial acción alguna o exteriorización de pensamiento que ponga en peligro la seguridad del máximo mandatario de la república”.
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Por otra parte, el fiscal afirmó en modo irónico: "A no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración -creo y espero- que ninguno estamos dispuesto a sostener. Invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosimilitud no puede ser cerrada caprichosamente”.
Y afirmó: “No puedo hoy borrar con el codo lo que escribí con la mano. Una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados y por eso, dictaminé como lo hice en anterior oportunidad, no obstante, las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”.
El 1° de octubre de 2021, Bava llamó a indagatoria a Macri en la causa espionaje ilegal. El 1° de diciembre, el mismo juez dictó el procesamiento del ex presidente. En la misma causa también estaban procesados los exjerarcas de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el exdirector de Reunión Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que trabajaban en dicha repartición.
