La causa de "los cuadernos" tendrá este viernes 14 una novedad de peso: el juez federal Claudio Bonadío dictará el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner y del resto de los imputados en el expediente.
El magistrado volverá a pedir además a la Cámara de Senadores que levante los fueros de la ex mandataria, ya que además pedirá su arresto, al igual que el resto de los ex funcionarios que fueron imputados.
Quienes podrán seguir en libertad son los empresario que se arrepintieron y se acogieron a la figura del imputado colaborador, que les permite ahora no ser detenidos, aunque no evita su procesamiento.
Una fuente de primera línea que tiene acceso al expediente sostuvo que se estuvo trabajando en la escritura del procesamiento y procesando toda la información que se incorporó en la causa en las últimas semana, cuando los cuadernos del chofer Centeno estallaron en la agenda mediática, en medio de la crisis económica.
Cristina Kirchner fue indagada en dos oportunidades por el juez, pero en las dos oportunidades se negó a contestar preguntas, rechazó las acusaciones y presentó largos escritos de descargo.
Para Bonadio la ex presidente fue la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a recaudar dinero desde su cargo de presidente a través de varios mecanismos: el principal los pagos de sobornos por parte de las empresas dedicadas a la obra pública.
El juez, luego de contar con la aprobación del Senado, allanó los domicilios de la ex presidenta: un departamento en la Recoleta, una casa en Río Gallegos y otra en El Calafate. Como es obvio no se encontró dinero de las coimas, pese a lo cual el juez ordenó durante el fin de semana anterior excavaciones en una estancio de Lázaro Báez, sin resultados positivos.
El 29 de agosto el juez ordenó una nueva ronda de indagatorias de ex funcionarios y empresarios. La novedad es que también llamó a declarar a ex dirigentes de La Cámpora, trámite que aún no se concretó. La rueda terminó con Cristina Kirchner, quien declaró el 3 de septiembre.
El dato llamativo de esa citación es que al comienzo el juez dice que "distintos empresarios han manifestado expresamente que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal comenzó entre el año 2003 y 2004, que esas mismas circunstancias temporales fueron confirmadas en indagatorias también tomadas en este Tribunal".
Uno de los arrepentidos que aportó datos importantes fue Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que mencionó a varias empresas en el circuito de las coimas. Habló de un sistema que empezó en 2003 de un sistema de cartelización y reparto de obra pública en base al pago de coimas, del que ya en 2004 participaba Iecsa. En ese entonces, la firma no estaba a nombre de Ángelo Calcaterra sino de la familia Macri.
El otro testimonio clave es el del financista Ernesto Clarens quien aportó un pendrive con datos sobre las empresas que pagaban sobornos y las funciones que cumplían José López y otros ex funcionarios en el sistema. Dijo además que la ex presidenta era la que daba el visto bueno para los pagos delas obras.