09 Octubre de 2018 07:25
La Secretaría de Energía dispuso el viernes que, desde el 1° de enero de 2019, las empresas distribuidoras de gas comiencen el cobro en 24 cuotas de un monto extra a lo ya facturado entre abril y septiembre, debido a la diferencia en el precio del dólar en esos meses. Sobre esto mismo, el fiscal Guillermo Marijuan denunció ayer penalmente al secretario Javier Iguacel, por el supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Para darle batalla al aumento y defender los pocos pesos que nos quedan, un abogado difundió por redes sociales una carta que los usuario podrían presentar para anular la suba.
Sergio Mohadeb, conocido en las redes como "Derecho en zapatillas", fue quien difundió el escrito que se volvió viral y que argumenta por qué la suba viola los principios de irretroactividad y el derecho de propiedad.
La publicación de Mohadeb.
"Por medio de la presente impugno la factura de gas nro. [...] de fecha [...] en atención a incluir un cargo retroactivo. Las facturas anteriores están pagas, y por ende extinguieron la obligación de pagar la tarifa de ese período, artículo 880 del código civil y comercial y por ende también se viola el principio de irretroactividad (art. 7 del código civil y comercial) y mi derecho de propiedad. Por ese motivo solicito la supresión de ese cargo y desde ya impugno la norma general en que se basa. La presente no es una declaración completa de los hechos y del derecho y mi parte desde ya reserva el derecho de ampliar y promover las demás acciones legales que correspondan en caso de que no se avengan a deducir el cargo citado", sostiene el texto que publicó en su cuenta de Instagram. También en su cuenta en Twitter brindó tips.
"Es el modelo de nota en borrador preliminar que pienso presentar ante la distribuidora de gas. Seguramente esto se resuelva en un amparo de la Defensoría del pueblo", sostuvo Mohadeb en su posteo.
¿Funciona o no?
Pese a que todavía no pudo confirmarse si la carta podrá evitar el pago del aumento, se recomienda refugiarse bajo la labor legal de una ONG o del Defensor del Pueblo.
