12 Noviembre de 2022 08:00
Las imágenes de las últimas semanas fueron esclarecedoras por su contenido explícito e incuestionable. Tanto la cachetada que el suboficial de la Comisaría 2° de Bernal Leandro Meza le dio al grito de "callate, sucia" a la joven Débora Esquivel, como la aprehensión de la chica de 25 años en Mar del Plata, donde quedó semidesnuda luego de ser golpeada por un efectivo bonaerense, dejaron expuesto el alto contenido de machismo y de abuso de poder que existe en las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, no es el único mal que se evidencia en el accionar de los hombres y mujeres que portan un arma reglamentaria en defensa de los ciudadanos. Los 11 integrantes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) detenidos en la localidad matancera de Virrey del Pino, acusados de haber fusilado al trabajador y vecino Esteban Bellido durante un operativo antidrogas, son la demostración más reciente de la presencia del gatillo fácil como una realidad innegable de nuestro país desde hace más de 40 años.
La Policía Bonaerense cuenta con los casos más notorios, uno de ellos es el de la Masacre de Wilde de 1994 que recién se está juzgando por estos días, aunque "la cantidad de fusilamientos de gatillo fácil -igual que las demás muertes ocasionadas por otro tipo de prácticas represivas- es relativamente pareja en todo el territorio nacional".
Esto lo aseguró ante BigBang la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, quien explicó que "si sólo se miran los números totales, la provincia de Buenos Aires acapara alrededor de la mitad, pero eso se explica porque también es donde se concentra la mitad de la población del país".
"En el Archivo de Casos que elabora CORREPI, además de ese conteo general, hacemos un segundo mapa con el índice de casos por millón de habitantes. De esa manera se advierte que, al dejar de lado la colosal supremacía poblacional bonaerense, y hacer el cálculo en proporción a la cantidad de habitantes, hay poca diferencia entre los casos de la Bonaerense y los de las fuerzas de otras provincias", precisó la abogada.
Una realidad nacional que crece en CABA
El conteo por millón de habitantes deja en claro que el gatillo fácil es un mal que flagela de forma pareja a los habitantes de todas las provincias del país. Aunque eso no quiere decir que no haya lugares que sean algo más particulares que otros. "En apenas cinco años y medio de existencia, la Policía de la Ciudad ya carga con más casos que la de la Provincia, en proporción a la cantidad de habitantes y de efectivos de cada fuerza", analizó Verdú.
"En el caso porteño, se trata de una fuerza diseñada desde su origen -como una de sus antecesoras, la Metropolitana- para ejercer desembozadamente todo tipo de política represiva, tanto sobre los sectores sociales más vulnerables sobre los que buscan ejercer el control social, como sobre quienes se organizan para defender sus derechos, y quieren disciplinar. Si a eso agregamos que la conducción política de la Ciudad, en manos del PRO y Juntos por el Cambio desde hace casi una década y media, utiliza el discurso de la demagogia punitivista como herramienta proselitista, se entiende por qué CABA es uno de los distritos más golpeados del país, a la par de Jujuy o Mendoza, no casualmente en manos de la misma fuerza política que cuando gobernó a nivel nacional batió todos los récords históricos en materia represiva, muy por encima de la actual gestión", recordó la titular de CORREPI.
La especialista en violencia institucional reconoció que "por el lado del Frente de Todos (FdT), hay posiciones imposibles de explicar, como haber designado y mantener a la fecha a Sergio Berni en el ministerio de Seguridad provincial, o haber repuesto a Aníbal Fernández, con su abultado prontuario represivo en la Nación", aunque advirtió que "mientras el gobernador Axel Kiciloff hace malabares para tratar de eludir su responsabilidad directa frente a las prácticas de su ministro y su policía, y exhorta a que 'la Justicia investigue hasta las últimas consecuencias', su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta promueve sin tapujos la impunidad de su policía, avala cualquier hecho represivo, por evidente y brutal que sea, y lo utiliza con fines electorales".
La utilización de la inseguridad
"Al inicio de cada año electoral se renuevan sistemáticamente iniciativas represivas que evidentemente algunas corrientes políticas consideran que ganan votos. Cuando, hace unas semanas, Rodríguez Larreta reavivó la promoción del uso de las picanas portátiles Taser, desde CORREPI dijimos 'en cualquier momento vamos a estar otra vez teniendo que rebatir reclamos de baja de la edad de imputabilidad penal de niños, niñas y adolescentes'. Dicho y hecho, ya está otra vez en la palestra el tema, como lo estuvo hace dos, cuatro o seis años atrás", señaló Verdú.Y no es una práctica que ocurre sólo de un lado de la grieta, ya que el diputado nacional del FdT Ramiro Gutiérrez presentó el mes pasado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con la excusa de que a partir de esa edad las personas comprenden perfectamente lo que hacen y que en las calles se vive una "situación muy complicada".
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El legislador reconoció que la iniciativa no es de su autoría, sino que "es un histórico proyecto de (Sergio) Massa de hace varios años", pero carece de la necesaria fundamentación científica cuando asegura que a esa edad se "comprende perfectamente que un arma es un instrumento capaz de matar a otro".Para la letrada de CORREPI, detrás de la persecución de los gobiernos y las fuerzas de seguridad a las más y a los más chicos se esconde una cuestión de desigualdad: "nos saturan desde los medios hegemónicos con afirmaciones como que, en Argentina, ser menor de 16 años es tener licencia para matar. Silencian que, con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune si es pobre. Si tiene más de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice 'Menores', y, en lugar de ir a una cárcel, va a un instituto, como el Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito es la única diferencia".
"Y si tiene 13, 14 o 15 años, es todavía peor", continuó Verdú. "Es cierto que no se lo juzga ni se le aplica una pena, porque es 'inimputable', pero el juez tiene la potestad de decidir que debe ser internado en algún instituto, o, si tiene suerte, es adicto y hay cupo en alguna comunidad terapéutica. En uno u otro caso, en algún momento va a salir, abusado, violado, embrutecido, mucho más adicto de lo que entró, y listo para que lo fusile el primer policía con el que se cruce en el barrio. O no va a salir nunca, como decenas de pibes y pibas muertos en alguno de esos lugares 'de protección y contención' en todo el país", protestó la abogada.
Una problemática de género
"Desde nuestro lugar de organización antirrepresiva, destacamos la gran incidencia de los integrantes de fuerzas de seguridad en la comisión de femicidios. Como lo muestran las conclusiones de nuestro Archivo, uno de cada cinco femicidios es cometido por un miembro de una fuerza de seguridad o armada", informó la titular de CORREPI. Para Verdú el cruce de la violencia machista y patriarcal con la violencia represiva hace que se potencien ambos fenómenos, por lo que la pretensión de que sea el Estado quien lo solucione es caer en una postura ingenua, ya que es el organismo administrador que sostiene la gobernabilidad del sistema actual, aunque "eso no quita que se puedan y se deban tomar medidas concretas que mejoren la situación, tanto en materia de represión como de violencia machista".Producto de esta afirmación es el esclarecedor y contundente dato que otorga CORREPI, que el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios a manos de miembros de las fuerzas se cometen fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria. Y como un ejemplo de esas acciones que se puedan tomar para paliar esta realidad en lo más inmediato, Verdú propuso "prohibir la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil", algo que "reduciría a más de la mitad los fusilamientos callejeros y en una proporción abrumadora los femicidios cometidos por policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios".
"Las fuerzas de seguridad tienen una estructura fuertemente machista y patriarcal, que no se va a eliminar colgando un cartel que diga 'Comisaría de la Mujer' o pintando las paredes de rosa. Esto se advierte en particular frente a la alta incidencia de policías mujeres en la comisión de hechos represivos, tanto fusilamientos de gatillo fácil como aplicación de tormentos en comisarías, que muchas veces, cuando la víctima es mujer o una persona LGBTTIQ+, incluye el ataques sexual como parte del tormento", describió la abogada.
Un panorama oscuro
El contexto político electoral tanto mundial, como regional y nacional, amenaza con un crecimiento de fuerzas más inclinadas a los pedidos de mano dura y represión, aunque eso no significa que sea algo que se vaya a imponer de forma inevitable, como demostró el empatado ballotage en el cual Luiz Inácio Lula da Silva le ganó en Brasil al derechista Jair Bolsonaro, pero es un resultado que tampoco garantiza que el camino vaya a ser fácil para quienes pelean contra la violencia institucional.
"Decir derecha es casi lo mismo que decir más represión. En el escenario continental y mundial que atravesamos, vemos con gran preocupación el crecimiento de estos sectores ultramontanos otrora marginales, pero que hoy cosechan votos incluso de parte de la juventud y hasta ganan elecciones", reconoció Verdú. "Frenar al fascismo, a los que no sólo niegan el terrorismo de estado y el genocidio de la dictadura sino que lo reivindican, a los que ofrecen la alternativa 'cárcel o bala', a los que demonizan a quienes defienden sus derechos sociales, laborales y culturales, es una tarea central que requiere de unidad", expresó.
La posibilidad de que la Argentina también se ponga a merced de ideas como las que llevan a muchos ciudadanos de Brasil a cantar el himno mientras hacen un saludo nazi, también es una inquietud de la titular de CORREPI: "la experiencia espantosa que tuvimos en los cuatro años de gestión amarilla con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el resto de su banda, tiene que servir para que nos propongamos firmemente impedir que esa gente, o los que son aún peores, tengan decisión sobre nuestro destino".
