Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, volvió a defender la cesárea practicada a la niña de 12 años embarazada producto de una violación asegurando que se tomó "la decisión correcta".
Morales aseguró haber tomado "la decisión correcta".
"Lamentamos mucho lo ocurrido. Se ha cumplido con la ley, con la voluntad de la niña, de la madre y se han hecho todos los esfuerzos conformes a todos los protocolos del país para salvar la vida de la niña, que era la prioridad porque corría riesgo, y luego la del bebé. Pero las cosas salieron mal y los extremos de ambos sectores no están conformes", señaló en diálogo con radio La Red.
¿Se cumplió la ley?
Pero, más allá de la tranquilidad de Morales, lo cierto es que el caso desnudó una vez más las falencias de funcionarios y efectores de salud al momento de poner en funcionamiento el protocolo de interrupción legal del embarazo.
El Hospital Materno Infantil de Jujuy, escenario de la cesárea.
"Como es un consenso unánime de los constitucionalistas y como ha insistido la Corte Suprema en el fallo F.A.L, en abortos legales no debería haber un límite de semanas. Acá no hay un vacío legal, sino un vacío de la práctica médica", expresa al respecto Luciana Sánchez, de la Red de Abogadas Feministas, en diálogo con BigBang.
En ese sentido, las mayores fallas aparecen cuando no se ponen en marcha de manera adecuada "las formas de aborto seguras para los que tienen que afrontar situaciones en embarazos avanzados y, en particular en los casos de niñas, donde los riesgos de la inducción vaginal pueden ser altos", explica.
Este tipo de situaciones sí están efectivamente contempladas en legislaciones de otros países. Así, por ejemplo, en Gran Bretaña el aborto es legal hasta la semana 24 bajo cualquier causa y, a diferencia del caso jujeño, no hay sobrevida de los fetos en abortos de embarazos avanzados y las prácticas médicas a aplicarse están estandarizadas por congresos internacionales de obstetricia y por la Organización Mundial de la Salud.
"Una cesárea no es un aborto si el feto nace con vida, por eso hablamos de tortura y de que no se respetó la voluntad de la niña: no se le garantizó un aborto, es una maternidad forzada", remarca Sánchez.
Grupos pro-vida se enfrentaron con militantes por el aborto seguro en la puerta del nosocomio.
La letrada, además, no pasa por alto la violación de otros derechos de la niña en este caso. "Se difundieron las semanas que tenía embarazo, los métodos de confirmación y de aborto, cargando siempre la responsabilidad sobre la víctima de una violación y no sobre el Estado, que tiene que ser garante de derechos", señala. "No se preservó ni la intimidad ni la salud mental de la niña, mas allá de los rumores sobre una adopción ilegal puesta en marcha por la misma gobernación, como si de un feudo se tratara y como si los cuerpos fueran potestad de los gobernantes".