Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, analizó el impacto de la Justicia patriarcial en la falta de respuestas que recibió Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada en Rojas por su ex pareja pese a que lo había denunciado en 18 oportunidades. "Lo que tiene que entender el Poder Judicial es que cualquier situación vinculada a una amenaza o lesión en un contexto de violencia de género es un potencial femicidio".
"Desde ayer estamos con un nivel de indignación muy alto", reconoció la funcionaria, al tiempo que recordó: "Todos los días tenemos casos y situaciones vinculadas a violencias extremas, tentativas de femicidio, travesticidio; o femicidios y travesticidios. Esto hay que decirlo para entender que el caso de Úrsula no es un caso que, más allá de algunas de sus particularidades, es la regla, no la excepción. Más allá del enojo, de la consternación o del estado público que tomó el caso".
La ministra resaltó, además, el Programa Acompañar, que comenzó a regir el pasado septiembre. "Asiste económicamente por seis meses a quien está en riesgo por una situación de violencia para que pueda salir. Eso es un programa nacional firmado por decreto del presidente. Lo cierto es que en este caso se ve con una claridad indiscutible la enorme falta que tiene intervención judicial. Estamos frente a un caso en donde una joven hace 18 denuncias contra una persona que además, hasta la información que nosotros tenemos por las reuniones que llevó adelante el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, tiene además denuncias de otras ex parejas e incluso algunas con estado avanzado".
Por fuera de los programas del Ministerio, Gómez Alcorta apuntó al Poder Judicial por el caso puntual del femicida de Úrsula, Matías Ezequiel Martínez, quien además pertenece a Policía Bonaerense. "Esa persona estaba sin ninguna medida de restricción de su libertad. Y esto lo digo porque cuando uno trata de explicar, nosotras enfatizamos mucho en los cambios que hay que hacer en el poder Judicial, que carece de perspectiva de género".
"Voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender. Si yo tengo un vecino que viene y me roba una vez, y voy y denuncio; y me roban por segunda vez y lo denuncio y roba por tercera vez; identifico, sé quién es, doy el nombre y el apellido, y me roba por quinta vez, por sexta vez, por séptima vez; voy incluso un día y me dicen que no me pueden tomar la denuncia de robo porque el fin de semana no se toman las denuncias de robo. ¿A alguien le parece en su sano juicio que eso podría suceder? No".
Gómez Alcorta también puso el foco en la cantidad de denuncias y multiplicidad de denunciantes que apuntaron contra Martínez. "Son 18 denuncias contra una persona denunciado por una única persona, pero que a la vez está denunciado por otras. Alguien que además es miembro de una fuerza de seguridad. No hay duda de que para las administraciones de justicia en general y para las fuerzas de seguridad también, cuando una mujer denuncia un hecho de violencia es tomado como un tema menor".
"Escuchaba las explicaciones de quienes han intervenido judicialmente en este caso y la explicación de 'no podemos vincular una causa con otra', diciendo: 'Yo intervengo en una, no en las 18'; es falso. Eso hay que decirlo. Y si no puede hacerlo, está mal y se tiene que apuntar a esa persona, sea quien sea. No estoy poniendo nombre y apellido, porque no los conozco; lo que estamos diciendo es que lo que está en juego es la vida de las mujeres. Pareciera que todavía, a pesar de todo lo que hemos avanzado, la vida de las mujeres no vale lo mismo que otras", reforzó.
Martínez se encontraba de licencia, pero jamás fue apartado de la fuerza. "Fue denunciado por una ex pareja y pareciera que tendría también una denuncia vinculada a un abuso. Tiene una causa bastante avanzada y 18 por amenazas. Una amenaza con un arma de fuego es una amenaza agravada. ¿Y el Poder Judicial da como respuesta que no puede juntar las causas? ¿Esa es la respuesta que tiene frente a un hecho que concluye? Este es el punto: cualquier situación vinculada a una amenaza, a una lesión en un contexto de violencia de género es un potencial femicidio. Eso eso es lo que tiene que entender el Poder Judicial".
"Es algo que sucede todos los días. Entonces, lo que nos sucede ante una situación así es que nos indignamos; se indigna un pueblo con justa razón. Las respuestas que he escuchado es que hay que cambiar las leyes. No, las leyes no hay que cambiarlas; en tal caso las podemos mejorar, pero no son el problema. Hay que comprender que los poderes judiciales y las policías dependen de cada gobierno provincial. Nosotros estamos en un gobierno federal. El rol que tiene el Ministerio es fijar la rectoría de las políticas y tratar de tener la mayor cantidad de programas que puedan llegar a las provincias y a los municipios. En este contexto, lo cierto es que nosotros nos pusimos a disposición y estuvimos ayer en contacto con Estela Díaz, que es la ministra de las Mujeres de la Provincia, que intervinieron inmediatamente".
El femicidio de Úrsula, paradigma de la Justicia patriarcal y la violencia institucional de las Fuerzas de Seguridad
"Lo que tiene este caso es que tanto el Poder Judicial, como la fuerza de seguridad, tuvieron una intervención pésima. Uno tiene que decir que es una intervención absolutamente deficitaria que implica incluso niveles de omisión, no solamente de debida diligencia que son los estándares que nos pide el sistema a nivel internacional; sino que además tiene que ver con los niveles básicos que uno va a exigirle a cualquier funcionario o funcionaria que lleve adelante sus deberes", explicó Gómez Alcorta.La funcionaria también se refirió a la brutal represión contra los amigos de la víctima que reclamaron frente a la comisaría de Rojas. "Las instituciones son el reflejo de la sociedad y las fuerzas de seguridad se han conformado con la idea de la virilidad y la idea de la represión, y no con la idea de una fuerza que te cuida, porque nosotros necesitamos fuerzas de seguridad, por eso es que en general muchísimos ciudadanos y ciudadanas desconfían de quienes tienen que cumplir ese rol. Y cuando uno ve el caso particular, y yendo un segundo de vuelta a Rojas, cuando una jovencita adolescente incendiada de indignación y de dolor les grita, lo único que estaba haciendo era usar su voz que es lo que, en definitiva, que es en definitiva lo que las mujeres estamos haciendo, gritando... ¡Le disparan en la cara! La pregunta es grave: ¿Esa es la fuerza que nos cuida?".
"No hay otro modo de plantearlo y quizás estoy siendo muy efusiva porque estamos muy atravesadas. Todos los días, pero con este caso, con las repercusiones posteriores, con este tipo de intervención de las fuerzas de seguridad, con las respuestas que quieren justificarse los funcionarios que deberían haber hecho otra cosa y no la hicieron, y todos se sientan en su comodidad, en su espacio de confort para no hacerse responsables de las intervenciones que deberían haber hecho y no hicieron, y que todos hoy y todo un país lamenta. Entonces, hasta que no nos pongamos en una posición muy firme, muy clara, muy de poder identificar responsabilidades, va a ser muy difícil que salgamos del lugar en el que estamos. No nos alcanza con indignarnos. Bienvenidas sean las intervenciones, que los medios de comunicación lo tomen, que lo tomen con responsabilidad, porque eso es otro de los grandes pasos que hemos hecho cuando tenemos que hablar de estos temas".