Grave crisis en la obra social de la Policía Federal: denuncian desprotección a personas con discapacidad

Desde agosto de 2024, cientos de afiliados a la obra social de la Policía Federal Argentina (PFA) enfrentan una situación desesperante: la suspensión total de pagos a prestadores de servicios vinculados a discapacidad. Esta crisis ha dejado sin cobertura a personas que dependen de tratamientos médicos, terapias y educación especializada. Entre los damnificados se encuentra Gabriela Paredes Domanico, madre de dos niñas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quien denuncia una vulneración sistemática de derechos. "Es una vulneración a los derechos porque la discapacidad es un gasto para el gobierno", sostiene Paredes Domanico.

En su relato, la mujer evidencia la falta de respuesta estatal ante esta problemática. La interrupción de los pagos generó una cadena de deudas con terapeutas, colegios y farmacias, afectando directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hasta mediados de 2024, la obra social de la PFA cubría los costos mediante autorizaciones específicas. Sin embargo, en agosto, los pagos a prestadores y farmacias se cortaron abruptamente. "El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires dejó de trabajar con la obra social por falta de pago. Aunque luego se revirtió la situación con las farmacias, los prestadores externos aún no cobran", detalló.

A este panorama crítico se sumaron obstáculos burocráticos. La oficina de abordaje a la discapacidad, que funcionaba en el Hospital Churruca, fue trasladada al Departamento Central de Policía, dificultando aún más el acceso a soluciones. En diciembre de 2024, se informó sobre un supuesto hackeo al sistema de la obra social, lo que derivó en la pérdida de historias clínicas y registros de pagos. "Nos piden que armemos un Excel con todas las facturas impagas. Hice todo lo que nos solicitaron y solo logramos que pagaran los meses de abril y mayo de la escuela de mi hija, pero siguen debiendo el resto del 2024 y lo que va de 2025", relata.

Según Paredes Domanico, la crisis actual recuerda a la vivida durante la pandemia, aunque con una diferencia clave: antes, las autoridades respondían. "En 2020, arrobé en Twitter al entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y en dos horas me contactaron para solucionar el problema. Ahora, hago lo mismo con la actual ministra, y no obtengo ninguna respuesta", denuncia. Las consecuencias del abandono estatal no solo afectan a las personas con discapacidad, sino también a sus familias. "Más allá de lidiar con el diagnóstico de neurodiversidad, debemos soportar una burocracia que nos destruye emocionalmente", expresó.

Y sumó: "Hay angustia, problemas de salud mental y conflictos familiares". La falta de pagos obliga a los padres a endeudarse o depender de la buena voluntad de los terapeutas, quienes siguen trabajando sin recibir honorarios. En el caso de la educación, muchas familias han optado por colegios privados ante la falta de vacantes en escuelas estatales. "Con mi esposo firmamos un convenio de pago con la escuela para cubrir la deuda que tiene la obra social. Si logramos que la obra social pague, nos devuelven el dinero. Pero la demanda de colegios especializados es altísima y las cuotas son impagables para muchas familias", cuenta.

Para Paredes Domanico, la única salida es la unión de los afiliados y un cambio en la gestión del Ministerio de Seguridad. "Necesitamos gente empática, que quiera solucionar el problema en lugar de buscar excusas. Hay fondos designados para estas áreas y no deberían desviarse", afirma. Mientras tanto, las familias continúan luchando por sus derechos, enfrentando un sistema que, en lugar de proteger a los más vulnerables, los deja a la deriva. "Los discapacitados no garpan políticamente y, en un contexto donde lo único que importa es el superávit, somos una pérdida. Si al presidente no le importa, menos les va a importar a los demás", concluyó.

La palabra completa de Gabriela Paredes Domanico

¿Qué es lo que les está sucediendo?

- Desde el mes de agosto, la obra social de la Policía Federal Argentina dejó de pagar todas las prestaciones vinculadas a discapacidad, como así también, tratamiento y estudios externos al Hospital Churruca. Antes, mediante una autorización, se les pagaba a los prestadores de los servicios, a las farmacias. Hoy ya no le pagan a nadie, tal es asi que el Colegio de fermaceuticos de la Provincia de Buenos Aires estableció en la primera resolución del año que dejaba de trabajar con la obra social de la Policía Federal por esta falta de pago. Si bien, luego de varios reclamos esto se revirtió,  no así el pago a los prestadores externos.

Sin embargo, en agosto del 2024 se cortó todo abruptamente. El argumento de ellos es que como consecuencia del cambio del sistema todo se volvió más lento y que los afiliados debíamos acostumbrarnos. A esto debemos sumarle la mudanza de la  oficina de abordaje a la discapacidad que se encontraba en el Hospital Churruca al tercer piso del Departamento Central de Policía, haciendo que todo se vuelva más engorroso y más intimidante para muchos afiliados.

Como si esta situación no fuese suficiente, el 3 de diciembre nos dicen que el sistema fue hackeado, perdiéndose las historias clínicas, los pagos y eso les sirvió de excusa porque ahora todo se lo atribuyen al hackeo: "No se puede hacer nada, no se puede pagar por el hackeo" me dicen cada vez que voy a realizar un reclamo.
La verdad es que yo no creo en ese hackeo y solo pienso de que es un gran chivo expiatorio. La realidad es que todo se complicó mucho más, nos pidieron a los afiliados que mandemos un excel detallando todas las facturas que deben a los prestadores. En lo personal, hice todo lo que nos pidieron y solo logré que pagaran el colegio especial de mi nena de los meses de abril y mayo del 2024, debiendo todos los meses que restan de ese año y el actual.

¿Hace cuánto tiempo sufren esta situación?

- Desde agosto pero quiero aclarar que si bien durante la pandemia se vivió una situación similar, obtuve inmediamente una respuesta de quien era en ese momento el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández luego de arrobarlo en twitter. A las dos horas, recibo un correo electrónico del Ministerio para brindarme una entrevista con el comisario que en ese momento se encontraba a cargo del sector de prestaciones de discapacidad de la obra social, dándome una respuesta inmediata no solo a mi, sino también a todos los que se encontraban en una situación similar.

De hecho, luego me dieron una entrevista con la Jefa de Bienestar y muchisimas cosas que plantee en esa reunión se solucionaron.
Ahora, intenté hacer lo mismo, arrobando en Twitter a la Ministra de Seguridad. Sin embargo, no he recibido ninguna respuesta.

¿Por qué pensás que se están vulnerando sus derechos?

- Porque para este gobierno las personas con discapacidad son un gasto. No una inversión, no les importa si tienen derechos, si tienen el CUD, si hay una ley o un amparo. Por eso no les importan, porque no garpan políticamente y más en un contexto en donde lo único que importa es el superávit, esto claramente es una pérdida. Imaginate que si no le importa a la autoridad máxima del país, menos le van a importar al resto de la sociedad.

¿Cómo te afecta a vos desde lo emocional este abandono de la obra social?

- Imaginate cómo afecta. Yo tengo dos nenas que se encuentran en situación vulnerable, siempre con el temor de si van a recibir o no la medicación que tanto necesitan, el acompañamiento de la terapia, la escuela o la fonoaudióloga. Y si bien, después de tantos años las terapeutas ya son parte de la familia, me angustia el hecho de que no puedan cobrar. Más allá de lo que uno pasa con un hijo con alguna discapacidad, se le suma una tristeza enorme como consecuencia de la burocracia que hay en las obras sociales.

Ya para una familia recibir un diagnóstico de neurodiversidad en algunos de sus hijos ya es tremendo porque tenés que hacer un duelo del hijo que soñaste para aceptar al hijo que tenés. Eso ya implica un desgaste emocional tremendo. A todo esto, sumale la burocracia de los trámites y  los problemas con la obra social que generan problemas en la pareja o de salud mental en nosotros.

¿Qué respuesta han dado los distintos responsables de esta problemática?

- La respuesta sería hasta tragicómica si uno no estaría en esta situación. Las personas que están a cargo de mi obra social se ríen, nos toman el pelo. Imaginate, yo vivo en Quilmes y me tengo que movilizar hasta CABA para tener un tipo de respuesta de la obra social. Y cuando voy, repiten las mismas excusas, llevándote a una situación de nervios tremenda para luego amenazarte con que llamarán a la guardia policial por levantar un poco el tono de voz.

¿Cuál crees que es la salida?

- La salida es que todos los afiliados nos unamos y que desde el Ministerio pongan gente empática, que le interese lo que les pasa a los afiliados. Pero las personas con discapacidad no le importan ni al presidente ni al Ministerio porque no hay gente resolutiva que pueda tomar el problema y encuentre la forma de solucionarlo, teniendo a disposición un conjunto de herramientas que le permitan hacerlo. Sobre todo hay que tener voluntad de solucionar, utilizando los fondos designados para estas áreas y no desviarlos como parecería que viene sucediendo.

¿Mientras tanto cómo hacen para hacerse de los gastos de las chicas?

- Con la escuela -de gestión privada- lo que hicimos con mi esposo es firmar un convenio de pago y cumplirlo a rajatabla para cubrir la deuda que tiene la obra social. Cuando logramos que la Obra Social abone las cuotas, el colegio nos hace el reintegro a nosotros. De paso, cuento que es muy difícil conseguir una vacante en un colegio especial estatal, y una vez que se consigue las maestras integradoras tienen entre 20 y 30 alumnos lo que hace imposible que le dedique a la totalidad de ellos el tiempo necesario de atención. 

Por esta razón, la mayoría optan por un colegio de gestión privada lo que no garantiza el ingreso ya que la demanda es altísima a lo que hay que sumarle el alto valor de las cuotas. Y con las terapeutas existe un acuerdo de confianza ya que después de tantos años hemos creado un vínculo casi familiar. Ellas nos esperan, porque saben que hacemos todo lo posible para que la obra social les pague.

¿Sabés de otras familias que se encuentran atravesando la misma situación?

- Sí, muchísimas familias. Yo cada vez que voy a reclamar no hay menos de 15 o 20 familias luchando por lo mismo. A todos nos tratan de la misma manera, incluso escuchando casos tremendos, peores que el nuestro. Por ejemplo, durante el 2024 no se pagó el transporte, por lo que muchos pacientes/afiliados en silla de ruedas no pudieron ser trasladados. Yo creo que todas las familias que dependemos de la oficina de abordaje a la discapacidad de la obra social de los policías nos encontramos en la misma situación.

¿Cómo ayudaría a mejorar la calidad de vida de aquellas personas con discapacidad con una obra social que se hace cargo 100% de ellos?

- Sería ideal que eso suceda, sería perfecto. Imaginate, ya el diagnóstico de nuerodiversidad complica las cosas, si la obra social se hiciese cargo al 100% de ellos, nos evitaría muchos dolores de cabeza, permitiendo tener una mejor calidad de vida y compartir más tiempo con nuestros hijos.

¿Creés que hay una falta de empatía de la sociedad hacia las personas con discapacidad? ¿Por qué?

- Es muy difícil ponerse en el lugar de una persona sin nunca haber experimentado algo igual. Yo antes había un montón de cosas que ignoraba y siempre digo que agradezco haber vivido esto porque aprendí muchísimo sobre muchas cosas. Yo pienso que la sociedad está aprendiendo. El ejemplo es el colegio al que fueron mis hijas mayores, nunca habían tenido ni acompañante ni maestra integradora, después del caso de mi hija Esperanza la escuela nos contuvo y ayudó. Yo creo que la falta de empatía está en aquellos que tienen el poder, no en la gente de a pie, porque para ellos la discapacidad es un gasto.
Si bien existe una Ley de Inclusión que obliga a los colegios a aceptar a chicos y chicas con neurodiversidad, pero no hay escuelas suficientes y las maestras no se encuentran capacitadas ni saben cómo llegar a ellos.

¿Creés que hay otros grupos abandonados por el gobierno además de las personas con discapacidad?

- Bueno está a la vista que los más vulnerables en principio son los jubilados, discapacitados, enfermos terminales, ect, ya que le son pocos útiles.  Pero si te fijás bien no protege a nadie; fíjate que usó a las fuerzas de seguridad para tamaña represión y a ellos mismos en calidad de afiliados no les cumple los derechos. Es decir, no les importa nada ni nadie.