En una decisión que refuerza el derecho a la protesta y la libre expresión, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó un habeas corpus preventivo para garantizar que las Fuerzas de Seguridad no intercepten personas ni transportes en la Marcha Federal LGTBIQ+ que se está llevando a cabo esta tarde. La medida exhorta a las autoridades nacionales y provinciales del área de Seguridad a garantizar el ejercicio del derecho a manifestarse sin restricciones arbitrarias.
El magistrado enfatizó que las fuerzas de seguridad deben abstenerse de implementar acciones que vulneren la libertad de expresión, prohibiendo el control e identificación de personas en la vía pública o en los transportes públicos dentro de la provincia de Buenos Aires. "Se exhorta a las Fuerzas de Seguridad para que el 1 de febrero no se intercepten personas en la vía pública -tanto en transportes públicos como en accesos a unidades de trenes- dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ni se las filme con fines de identificación", detalló Ramos Padilla.
Organizaciones del colectivo LGTBIQ+ convocaron para este sábado una marcha histórica en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en el Foro de Davos vinculó la homosexualidad con la pedofilia, generando un amplio repudio político y social. La movilización partirá a las 16:00 desde el Congreso de la Nación y culminará en Plaza de Mayo, en una jornada que se espera multitudinaria.
La docente universitaria y activista LGTBIQ+ Manu Mierelles adelantó que la convocatoria superará las expectativas: "Será una marcha histórica. La gente está movilizada y dispuesta a salir a la calle a defender sus derechos", declaró a la Agencia Noticias Argentinas. Desde el Gobierno, sin embargo, minimizaron la convocatoria y calificaron la protesta como "política", restando importancia a su impacto en la imagen presidencial.
A pesar de esto, el rechazo a las declaraciones de Milei sigue creciendo en distintos sectores de la sociedad. Las críticas contra las declaraciones del presidente se hicieron sentir en todo el espectro político. Desde la oposición, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el discurso de Milei, tildándolo de "sanata" y acusándolo de atacar a mujeres y homosexuales. En la misma línea, la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, publicó una carta abierta.
Allí, Lilita expresó su "profunda preocupación" por el giro autoritario del Gobierno. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también respaldó la marcha y denunció la violencia discursiva del presidente: "Nos van a ver en la marcha porque no podemos quedarnos indiferentes ante la desigualdad y la violencia contra las mujeres", afirmó. A nivel sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmaron su participación en la movilización. La adhesión de estos sectores se consolidó tras una reunión con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y otros organismos de derechos humanos.
En tanto, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) y el Frente Grande también se sumaron a la convocatoria, reafirmando su oposición a los discursos de odio. "Este sábado 1 de febrero, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y en todas las provincias del país, marchamos con una consigna clara y firme: no al fascismo, no a los discursos de odio", sostuvieron los organizadores. La jornada promete ser un hito en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y un fuerte mensaje contra las políticas y discursos que promuevan la discriminación y el retroceso en materia de derechos humanos.