27 Febrero de 2019 06:00
La nena de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de un abuso sexual al que fue sometida por la pareja de su abuela fue obligada a practicarse a una cesárea esta madrugada en el hospital Eva Perón sin el consentimiento de su familia, que había pedido la interrupción del embarazo.
"La expusieron a una tortura de dos meses".
"Le practicaron una cesárea a Lucía, la expusieron a una tortura de dos meses, la obligaron a parir", informaron a través de Facebook desde el colectivo Ni Una Menos Tucumán, en la que además exigieron que todos los funcionarios involucrados "sean investigados" y "separados de sus cargos".
Le practicaron una cesárea a Lucía, la expusieron a una tortura de dos meses, la obligaron a parir"
Hace un mes se conoció el caso luego de que las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la mujer denunciaran que la víctima sufría presiones para continuar con el embarazo. Además, estaban dilatando el proceso para que cada vez sea más complicado practicarle un aborto.
"Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", expresó la menor según consta en el acta judicial de la causa. Su madre también quería que se aplicara la Interrupción Legal del Embarazo por lo que ya había firmado su consentimiento para la práctica.
Las organizaciones pro aborto reclamaron por los derechos de la menor.
Pasadas las dos de mañana, la ONG Andhes comunicó que la cesárea había sido realizada, pese a que la práctica no fue solicitada por la familia. "SIPROSA es responsable", afirmaron desde la organización que acompaña a la familia de la menor y le brinda asesoramiento legal.
En diálogo con BigBang, la directora ejecutiva de la ONG Andhes, Fernanda Marchese, confirmó que la menor se encuentra bien de salud y que esperan conocer más detalles en las próximas horas.
"Como organización repudiamos que se haya llegado a esta instancia. La nena está bien de salud y velaremos por su contención y recuperación. Los médicos que han hecho la intervención lo hicieron desde una perspectiva de derecho. Priorizaron la decisión de la menor. Se llega a tiempos y espacios crueles ante la falta de aplicación de los protocolos por la no intervención del Estado", afirmó.
"La familia recibió mucha presión y mucha información errónea. Lo que nosotros primero hicimos pedir que se escuche a esa niña. Se hizo éste procedimiento, no se debía llegar a eso pero era lo único que se podía hacer por el estado del embarazo. Vamos a seguir con las averiguaciones para detectar los responsables de las irregularidades que se cometieron para que en Tucumán no vuelva a pasar nunca más", sumó.
Por último, Marchese remarcó la preocupación de la ONG ante la cantidad de otros casos similares a éste que, al no tener trascendencia en los medios, tienen otro final. "Hay más casos que no son públicos y las niñas también son menores de edad violadas que no toman conocimiento y deciden continuar con el embarazo porque no tienen información sobre las opciones legales con las que cuentan. Hay que preguntar qué agente la recibe primero y analizar cómo la asesora y contiene", reflexionó.
