Infancia en deuda: el rol del Defensor de niños y la invisibilizada agenda de los chicos pobres

La Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) se sancionó en la Argentina en 2005 y creó así la figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

A pesar de la imperiosa necesidad de trabajar en la infancias y de tomar medidas para cambiar el presente de los chicos, el puesto estuvo vacante durante más de 14 años, y recién en 2020 la abogada Marisa Graham asumió en ese rol. Tras un año de funciones, la realidad es que la pandemia modificó las necesidades de los niños, y si bien se avanzó en varias cuestiones, aún es mucho lo que falta hacer.

"La ley fue sancionada en 2005, hasta que se realizó el proceso de concurso y empezó a funcionar en 2020. En esos años, había defensorías provinciales, aunque la nacional no estaba. No hay una respuesta sola, ni una sola causa de por qué se tardó tantos años. En principio, puedo decir que la agenda de las infancias y adolescencias se encuentra relegada y que no suele tomar el lugar prioritario que requiere. Justamente su puesta en funcionamiento fue resultado de un trabajo sostenido de Infancia en deuda (grupo de organizaciones de la sociedad civil reunidas para concientizar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes), de la cual ACIJ forma parte, porque trabajamos de manera sostenida para su creación", explicó a BigBang Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Según ella, la llegada de Graham a la Defensoría fue muy importante no sólo para poner en marcha el organismo, sino porque además se hizo a través de un concurso publico, transparente, donde se publicaron todas las postulaciones, junto a los currículums y antecedentes de cada persona. La Defensoría es autónoma, y justamente la ley prevé que sea así, ya que requiere de esa autonomía porque parte de sus funciones es controlar lo que hacen organismos que dependen del poder ejecutivo.

De hecho, el presupuesto económico con el que cuenta debe presentarse de manera desagregada de acuerdo a estándares internacionales, para que se conozca con detalle en que se usa el dinero, y al menos en este último año, el informe presentado resulta, a opinión de la abogada, bastante vago en lo que refiere a "acciones concretas".

"Entendemos que la Defensoría se creó hace muy poco, y es cierto que el contexto en el que empezó a funcionar fue difícil, pero es importante remarcar que hay que avanzar como organismo de proyección y defensa. Por eso, desde Infancia en Deuda (IED) reclamamos que desde la Defensoría deben pronunciarse ante ciertas cuestiones, porque no solo es necesaria la recomendación, sino hacer un seguimiento, y aplicar sanciones si hay cosas que no se cumplen", sumó.

Aunque la noticia de la puesta en funcionamiento de la Defensoría fue celebrada, desde ese momento pasó ya más de un año, y sin bien se hicieron diferentes cosas, lo cierto es que aún falta mucho y es necesario tomar medidas urgentes para dejar de vulnerar los derechos de los chicos argentinos. 

"Más del 60 % de niños de la Argentina se encuentran en situación de pobreza y un 15 % vive en la indigencia, por lo que viven en hogares donde los ingresos no alcanzan a cumplir la canasta básica necesaria. Este es un tema critico, que cualquier organismo de defensa debe asumir", aseguró Zanino.

El rol del defensor de niños

La ley 26.061 brinda una serie de funciones que son muy amplias respecto a lo que debe hacer el defensor, pero en su mayoría, todas están destinadas a proteger los derechos de los chicos. Uno de los casos tiene que ver con el inicio de litigios, tanto en asuntos donde haya muchos chicos involucrados, o bien también cuando se trate de algo que afecte a un niño solo.

"Por ejemplo, la Defensoría debería denunciar la situación de insuficiencia que representa hoy la asignación universal por hijo. De hecho, ya ha trabajado combinando esfuerzos institucionales con la ANSES, pero faltan todavía más acciones, y que sean destinadas a los chicos. Desde el informe que hicimos con Infancia en Deuda marcamos el hecho de que todos los organismos internos que forman parte de la Defensoría, tienen que poder hacer un seguimiento de las políticas publicas", comentó.

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En este sentido, mencionó que es importante mantener un monitoreo del sistema de protección integral, que es complejo porque está compuesto por muchos organismos, como puede ser el caso de instituciones que albergan a chicos sin cuidados parentales. "Por ejemplo, una de las cosas que pedimos es que este seguimiento sea constante. Por eso recomendamos también que la Defensoría pueda publicar un informe que dé cuenta de la situación de las infancias y adolescencias. Si bien la estadística podría no recaer en la Defensoría, sí es importante hacer un seguimiento de temas como la desnutrición, la falta de conexión a dispositivos o la falta de acceso a Internet", aclaró la abogada.

Respecto al coronavirus, Bárbara Zanino contó que las desigualdades preexistes se volvieron más grandes, más profundas, sobre todo en barrios populares donde más de la mitad de los niños no cuentan con una computadora, sino que solo tienen un celular para estudiar, el cual además comparten con otros miembros de su familia.

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"Todos los derechos sociales se han visto afectados a raíz de la pandemia, entre ellos el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado. Hoy más del 60% de los chicos son pobres, y es importante decir que en el contexto post pandemia, donde se vieron disminuidos los ingresos en las casas o hubo despidos, eso repercutió en los hogares donde hay niños y adolescentes. La niñez pobre es un tema que tiene que tratarse en lo inmediato", dijo y por último agregó: "Los niños son el futuro pero también el presente. Tienen derechos que deben ser reclamados, y por eso es importante tener un organismo que se forme con los mejores profesionales, para que eso haga a la efectividad de los derechos".

El reclamo a la Defensoría

Una de las recomendaciones urgente tiene que ver con la gravísima vulneración de derechos y acceso a la salud en la provincia de Salta -que en especial afecta a NNyA de las comunidades indígenas de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, donde se continúan registrando fallecimientos de chicos a causa de desnutrición o enfermedades relacionadas-, demanda que la Defensoría puede hacer valer por los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061.

De igual modo, IED recomienda a la Defensoría acompañar el reclamo de diversas organizaciones al Estado Nacional y a las provincias para que se garantice la continuidad educativa, el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.

Con respecto a la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, IED considera fundamental que la Defensoría inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes, y tome un rol activo en el proceso de derogación del Decreto 22.278 y solicite la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos. 

A su vez, IED recomienda a la Defensoría intensificar el trabajo articulado con el Ministerio de Educación nacional y de las provincias para garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral en todos los niveles de educación obligatoria.