Una interna insólita en el Gobierno. Mauricio Macri ordenó en la tarde de ayer anular la actualización del protocolo para "la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)", modificación que fue confirmada esta misma mañana a través del Boletín Oficial por la Secretaría de Salud de la Nación, a cargo de Adolfo Rubinstein. Pero la nulidad ahora está en duda.

Según trascendió, tras el disgusto de varios legisladores, desde el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, se quejaron de que Rubinstein actuó de manera independiente, sin antes consultar a sus superiores. Algo difícil de creer en un tema tan delicado. Durante la discusión en el Congreso en 2018, el secretario de Salud se pronunció en favor del aborto seguro, legal y gratuito. Pero este año, en plena campaña electoral el gobierno dio un giro a la derecha para hacer pie en los sectores más conservadores.

Aunque el presidente no hizo pública su opinión todavía, lo cierto es que varios medios aseguraron que la decisión de anular la actualización surgió después de que dirigentes del partido salieran a cruzar al Secretario de Salud por la medida y la forma en que la comunicó.

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Luego de que se conociera la modificación, este mediodía el Secretario de Salud usó su cuenta de Twitter para anunciar la novedad con mucha alegría: "Este es gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad". Sin embargo, a pesar de que fue bien visto por muchos, la realidad es que recibió también bastantes críticas desde adentro de Cambiemos.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue uno de los primeros dirigentes del macrismo que se quejó de la situación. "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", sostuvo, mientras que después agregó que "el secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo".

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Del mismo modo, la diputada Dina Rezinovsky se expresó en sintonía y pidió que que el Secretario deje su cargo. “Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional”, escribió en las redes sociales.

El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional.

- Federico Pinedo (@PinedoFederico) November 20, 2019 

El secretario de salud Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto.Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional.

- Dina Rezinovsky (@dinarezi) November 20, 2019A raíz de todo el revuelo, se desató una cruda interna dentro del oficialismo, por lo que se resolvió anular la medida, y lo más probable era hasta ayer que saliera un nuevo decreto, con la firma de la Ministra de Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley.

Según indicaron desde el ministerio, el principal problema es que la actualización se publicó sin que los superiores de Rubistein lo supieran, por lo que cuestionan la falta de intervención de los organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer. Una explicación ´poco creíble.

El protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo ya regía en nuestro país desde 2015, pero este miércoles a la mañana la Secretaría de Salud aprobó su modificación. Entre los cambios más importantes se destacaba que las niñas y adolescentes de entre 13 y 16 años podían solicitar la práctica de la ILE sin que se les exija la autorización de los padres o tutores, mientras que también se establecía que la práctica sobre embarazos de menos de 12 semanas podía ser en forma ambulatoria, con control médico. Antes esa recomendación alcanzaba a los de hasta 9 semanas.

Actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal... 

Del mismo modo, otra de las modificaciones más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.

La ILE establece que el aborto no es un delito cuando existen motivos de salud o cuando el embarazo es producto de una violación. Se puede acceder a ella a través de una declaración jurada en la que se deja constancia de que entre el pedido y la intervención no podían pasar más de diez días.