Ana María Tonzar, una abogada de 63 años, falleció el martes pasado en el Sanatorio Güemes de Resistencia y se convirtió así en la víctima número 25 de coronavirus en la Argentina.
Su caso fue uno de los que más trascendencia tuvo, ya que la víctima había tenido contacto con la paciente cero, una médica que volvió de España y en lugar de mantener la cuarentena, se reunió con conocidos tras su regreso.
Según la información que trascendió, la mujer de 63 años que perdió la vida, era cercana a la médica contagiada, ya que su hija y la hija de la doctora eran amigas y habían estado juntas luego del viaje.
Por eso mismo, Tonzar y su hija se infectaron, aunque la salud de la abogada no resistió y, luego de varios días internada, perdió la vida.
La profesional de 71 años y su hija de 34, quien también es becaria de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), volvieron de España el 28 de febrero, y ninguna de las dos respetó el aislamiento recomendado, lo que llevó a que Tonzar se contagiara.
Luego de que ambas llegaran al aeropuerto de Resistencia, desde Asunción, la joven recibió en la casa que comparte con su pareja, un hombre de 38 años, a los hijos de él, ambos menores de edad.
Aunque ella no sabía que estaba infectada, porque recién una semana después empezó con los síntomas, de ese contacto, el menor de los niños se contagió, y se convirtió así en el paciente más joven de América del Sur.
Además, por su parte la doctora, quien ya estaba jubilada, también se reunió con conocidos, e incluso pasó por el hospital Perrando para visitar a sus colegas.
Aunque la médica se mostraba en sus redes sociales como una profesional muy atenta a prevenir problemas sanitarios, lo cierto es que al regresó de su viaje, en lugar de evitar el contacto con otros, continuó con su vida normal.
Esto derivó en que seis personas, incluso un niño, se contagiaran con el virus, lo que comenzó así la cadena de infectados en la provincia.
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Por eso mismo, fue denunciada junto a su hija, y la causa que se tramita contra ellas fue presentada por el fiscal federal Patricio Sabadini ante la jueza Zunilda Niremperger el 17 de marzo.Debido a esto, ambas fueron imputadas por el delito de propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa, artículo 202 del Código Penal que dispone una pena de prisión de 3 a 15 años.