Cuando la abogada de Thelma Fardín, Sabrina Cartabia, dice que Nicaragua es "un lugar que se balancea en contra de los derechos de las mujeres", sabe muy bien de qué habla. El propio presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sido acusado ya dos veces por abuso de menores. Una de las acusaciones corresponde a su propia hija adoptiva, Zoilamérica Narváez, hija biológica además de una pareja anterior de Rosario Murillo, actual esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua. Zoilamérica denunció que Ortega abusó de ella reiteradas veces desde que tenía nueve años hasta que tuvo 19.
Zoilamérica presentó su demanda ante la juez primero de distrito del crimen, Martha Quezada quien remitió el expediente a la Asamblea Nacional. Ortega se amparó en su inmunidad para no ser procesado.
Zoilamérica, a la edad en la que denunció comenzaron los abusos de Ortega.
En el expediente de la denuncia, Narváez expuso que Ortega supuestamente la violó y abusó sexualmente desde la edad de los 11 años hasta cumplir 19. La jueza primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez, desestimó los cargos argumentando que el delito había prescripto.
La otra mujer que denunció los abusos de Ortega fue Elvia Junieth Flores Castillo. En noviembre de 2017, acompañada por sus familiares, Flores Castillo, que actualmente tiene 28 años, había denunciado que Ortega abusó de ella desde que tenía 15 y militaba en la Juventud Sandinista. Uno de sus hermanos, Santos Sebastián Flores Castillo, había dicho incluso que la hija mayor de Elvia es fruto de su relación con Ortega. Elvia jamás quiso explayarse al respecto, argumentando que el hecho pertenecía a la esfera privada de su hija. A comienzos de este año, sin embargo, Elvia desmintió prolijamente sus declaraciones anteriores y dijo que eran el fruto de una operación política de su familia para debilitar a Ortega. Hay quienes dicen que lo hizo para favorecer a su hermano: es que Santos fue acusado por el mismo delito y condenado a 15 años de prisión. Algunos periodistas dicen que se trató de una causa armada como "venganza" por las denuncias de la familia contra Ortega y que las nuevas declaraciones de Elvia Junieth no tienen otro objetivo que el de favorecer a su hermano.
A su vez, un informe de Amnesty International denuncia graves violaciones a los derechos de las mujeres y serios retrocesos en la legislación que debería defenderlos. "Entre enero y diciembre hubo 55 feminicidios, según la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua. La ONG concluyó que esos homicidios habían sido más brutales que en años anteriores, y que quienes los perpetraban tendían a actuar en grupos. En junio de 2017, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres; esa enmienda reducía a la esfera privada el alcance de la definición de feminicidio, con lo cual limitaba ese delito a las relaciones entre cónyuges o integrantes de otro tipo de pareja sentimental. Quienes se oponían a la nueva definición señalaron que negaba la realidad de los feminicidios, que también se cometían en espacios públicos. El aborto seguía estando prohibido en todas las circunstancias. Nicaragua tenía aún uno de los índices de embarazo adolescente y mortalidad materna más elevados de las Américas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)" .