La Cámara de Diputados oficializó este lunes la convocatoria a la sesión especial pedida por bloques dialoguistas que tendrá como objetivo rechazar el veto a la ley de jubilaciones, aunque para ello debe reunir el voto de los dos tercios de los legisladores. Esa mayoría agravada la tendrán que reunir para rechazar el veto presidencial e insistir con la ley sancionada por el Congreso que otorga un 8% de aumento para compensar la inflación de enero, y establece los parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados. De esta manera, el secretario parlamentario, Adrián Pagan, comunicó que se citó a la sesión del miércoles a las 11, solicitada por el radical Fernando Carbajal, y acompañada por una veintena de legisladores de la UCR, Encuentro Federal, y la Coalición Cívica.
Mientras esto ocurría, Marcos Wolman, representante de Jubilados y Pensionados, afirmó que Javier Milei vetó "un aumento de $18.450 que todavía no cubre la canasta básica". "Yo creo que queda muy claro cuál es la situación de los jubilados actuales. Esta es una larga lucha, no comenzó ahora, evidentemente la situación de las jubilaciones y pensiones en nuestro país ha sido una situación que se ha ido deteriorando permanentemente", destacó.
En diálogo con Radio Splendid, manifestó que, después de la decisión que tomó el Ejecutivo cuando dejó sin efecto el aumento votado en su mayoría por el Congreso de la Nación "queda muy claro cuál es la situación actual" para los adultos mayores y que, por ese motivo se están preparando "para otro miércoles de lucha". "Hace 31 años que todos los miércoles estamos en ese lugar frente al Congreso manifestando, no sólo por el mejoramiento de los jubilados actuales, sino en este caso más aún con este Gobierno, durante estos meses el deterioro que fue muy superior inclusive proporcionalmente al riesgo que hoy tiene el sistema previsional en su conjunto", relató.
El jubilado indicó que "hace 31 años que todos los miércoles nos manifestamos frente al Congreso para que se mejoren las jubilaciones que, en definitiva, son una conquista de la clase trabajadora". También se refirió al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como el PAMI, y sobre las decisiones llevan adelante desde el comienzo de esta gestión, en diciembre del año pasado. "Las medidas que están tomando con el PAMI es la pérdida del descuento del 100% en ciertos medicamentos. Está intervenido permanentemente por el Ejecutivo y financiado en su totalidad por los trabajadores y jubilados", expresó.
De acuerdo con Wolman, el haber jubilatorio en septiembre fue de 227.550 pesos, que se le agregaron los 70.000 pesos. "Eso dan 297.550 netos. Acá el tema es que se está discutiendo si ahora se aplica el 8.1% sobre esto, que llevaría el haber jubilatorio, digamos, a 316.000 pesos. Esto significaría 18.450 pesos que es lo que vetan los haberes mínimos y los haberes mínimos hoy lo tienen más de 5 millones de jubilados nacionales. ¿Esto qué significa? Que van a vetar un aumento de 18.450 pesos cuando aún con ese dinero es el 35% de la canasta básica necesaria para la subsistencia de la persona mayor", disparó.
A la movilización que los jubilados realizarán este miércoles, se sumarán varios organismos, entre ellos, la Confederación General del Trabajo (GCT) que manifestó su "total apoyo" al reclamo de los "por una mejora en sus ingresos" y en contra de "la vergonzosa represión" con "gases y palos" que respaldó el Gobierno Nacional. Paralelamente, la oposición buscará revertir el veto dentro del Congreso de la Nación a través de la convocatoria de sesión especial.
Ahora, en una carrera contra reloj, el oficialismo junto a sus aliados del PRO y otros bloques provinciales, busca garantizar 86 legisladores para impedir que los opositores puedan conformar esa mayoría agravada para insistir con la ley aprobada por el Congreso. El oficialismo tiene asegurados sus 36 legisladores-ya que no vota el presidente de la cámara Martín Menem- y 36 del PRO-todavía hay dudas sobre qué hará el larretista Álvaro González-3 del MID y dos de Buenos Aires Libre.
El PRO había aportado 30 votos en contra de la ley jubilatoria, ya que se ausentaron siete legisladores, entre los que figuran Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, que ahora dicen que estarán presentes para rechazar el veto, según informaron fuentes de esa bancada. Ahora espera sumar a la tucumana Paula Amodeo, y dos diputados de Producción y Trabajo y tres de Independencia, con lo si logra sumar a estos legisladores tendría hasta ahora 83 legisladores para poder defender el veto presidencial.
Su mirada está puesta en los legisladores de Encuentro Federal, Francisco Morchio, el libertario correntino Federico Tournier, el entrerriano que responde al gobernador Rogelio Frigerio, y los radicales que responden a los gobernadores de Corrientes Gustavo Valdes y de Mendoza, Alfredo Cornejo, para alcanzar un número que permita bloquear los dos tercios. Desde el radicalismo, señalan que "están trabajando" para que los 33 legisladores radicales se sienten y voten en contra del veto, y lo mismo sucede con Encuentro Federal que buscará tener sentados a sus 16 legisladores.
Tampoco descartan para garantizar tener sus 33 votos proponer una insistencia parcial y no insistir con los artículos más cuestionados por el Gobierno sobre el aumento adicional en marzo, y la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales y las sentencias firmes. En cambio, el bloque de Unión por la Patria, también buscará que concurran los 99 legisladores y rechacen el veto presidencial que fue publicado hace una semana.
El pedido de sesión especial realizado el jueves pasado por los opositores es para evitar tener que emplazar a la comisión de Presupuesto, que es una de los dos organismos parlamentarios que deben tratar ese dictamen, ya que su presidente José Luis Espert (LLA) no la convocará para debatir ese veto presidencial. El proyecto vetado contempla otorgar un 8,1% adicional para compensar la inflación de enero ya que el Gobierno había otorgado un 12,5% y el IPC de ese mes fue del 20,6% y ese es el punto que centralmente rechazaba el Gobierno Nacional con el argumento que afectará su política de déficit cero.
También establece, como el DNU del Gobierno, aumentar las jubilaciones de acuerdo al Índice de Inflación, pero fija que se dará un aumento adicional en marzo de cada año, pero hay diferencias entre los porcentajes otorgados y el promedio del 50% de los salarios de acuerdo al Ripte. En ese sentido, fija que "adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicara el siguiente aumento: un cincuenta por ciento (50%) de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el ano calendario anterior.
Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado". También fija un mecanismo para pagar la deuda con las cajas previsionales donde fija que se deberán cancelar las deudas con las cajas previsionales de provincias con los recursos que se obtengan de impuestos que tienen asignación específica para la ANSeS, así como el pago de las sentencias firmes dentro de los seis meses de sancionada la ley, aunque en este caso habrá una prórroga de seis meses.
El Gobierno argumentó para rechazar la ley que, si se llega a aplicar, generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para 2024 y de 15 millones billones para 2025, que "equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso, y 1,64% de aquél, estimado para el año entrante". En tanto, marcó que, de aplicarse la ley sancionada por el Gobierno, implicará un incremento del 18,5% del gasto de ANSeS para 2024 y de 29,2% para 2025.