La Dirección General de Aduanas (DGA) argentina evitó el contrabando de un centenar de fósiles de dinosaurios y otras piezas paleontológicas pertenecientes a un museo privado que tenían como destino España. 

El delito fue descubierto luego de un trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y las aduanas de ambos países. A partir de una serie de investigaciones previas, que aun continúan, la DGA fue alertada de la la posibilidad de que se produjera una exportación ilegal de fósiles.

Todo comenzó cuando un contenedor declarado como mudanza partió desde nuestro país rumbo a Murcia, en el sureste de España generando sospechas.

En principio, se constató que en la declaración de la mudanza se incluían mercaderías con características propias de una muestra de museo, como aves embalsamadas.

Si bien no se mencionaba ninguna clase de fósil, ya que está prohibido sacar del país esos elementos sin autorización expresa de las autoridades, la particular declaración levantó sospechas. 

El secuestro

Así, inmediatamente la Aduana argentina solicitó al servicio aduanero español que controlara exhaustivamente la carga a su llegada. En el puerto de Valencia se realizó la inspección ocular de la carga y se tomaron fotografías de los artículos, en un operativo que fue seguido de manera remota desde nuestro país. 

Como resultado, se detectaron alrededor de 100 piezas entre las que se había huesos de dinosaurios y mamíferos, huevos de dinosaurios, invertebrados y abundantes cantidades de troncos fosilizados, todos pertenecientes al patrimonio cultural de Argentina.

Especialistas del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y científicos españoles certificaron que parte de lo incautado en el puerto de Valencia era material original procedente de Argentina, algo que está protegido por la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Ahora, la DGA inició los trámites formales para que este cargamento de fósiles y piezas paleontológicas regrese al país. Además, formalizó una denuncia penal ante la justicia federal, que comenzó una investigación para identificar a los responsables del intento de contrabando.