26 Enero de 2017 05:51
El crimen de Roberto Fernández, el empresario español de 67 años asesinado por su yerno el fin de semana, tiene un entramado oscuro. Mientras que las pericias aún no lograron determinar cómo fue el homicidio, ayer las hijas del dueño de la empresa que alquilaba maquinaria para la construcción revelaron cómo lograron detener al esposo de una de ellas, el principal responsable por la muerte.
Se trata de Giselle y Natalia Fernández, de 32 y 34 años. Natalia es la esposa del principal acusado, quien se encuentra detenido. Por el hecho hay otro hombre preso y un tercero, que habría colaborado, se encuentra prófugo. Ayer relataron que tienen miedo y su abogado, Matías Morla, pidió que se asigne una custodia policial.
Santiago Corona es el principal acusado por el homicidio de su suegro. Su esposa e hija de Fernández recordó a Clarín que hasta mayo la relación comercial era buena. Sin embargo, dijo que “cuando comenzaron a ir mal las cosas en la empresa se tensaron las relaciones”. La mujer tiene dos hijos con el asesino. Ayer sostuvo que el hombre acusaba a su padre de “mentiroso” y que sufrió amenazas durante los últimos meses.
Pero el caso tiene un condimento más que oscuro. Giselle vivía con su padre en el departamento donde fue asesinado, en Caballito, sobre la calle Aranguren al 36. Cuando tuvo acceso a las cámaras de seguridad del edificio y observó que dos personas bajaban un cuerpo por el ascensor, no lo dudó. Sabía que uno de los dos hombres era su cuñado.
“Apenas vimos que sacaban el cuerpo por el ascensor no lo podíamos creer. Entré en crisis. El encargado del edificio me dijo que había visto a Santiago dando vueltas por el edificio y la cuadra”, relató. Su hermana y esposa del homicida no reconoció en ese momento a su marido. Fue Giselle quien pudo confirmarlo. El rostro del otro hombre también les resultaba familiar. Se trataba de un mecánico que realizaba, ocasionalmente, algunos trabajos en la empresa familiar.
La mujer llamó a su hermana, quien para ese entonces se encontraba con su esposo y sus dos hijos, y los convenció de que fueran corriendo a la comisaría “urgente”. Sin que su marido supiera, Natalia lo convenció de que su presencia era fundamental. “Él se quería quedar en casa con los chicos. Cuando arribaron a la seccional, el hombre insistió con ir a estacionar el vehículo. “No le podía insistir para que no sospechara”, relató. En esos minutos, que para ella fueron eternos, advirtió a un policía de la situación.
El empresario fue asesinado el fin de semana en su departamento en Caballito.
Los efectivos de la policía ya habían visto las imágenes, más que evidentes. Cuando Corona ingresó a la comisaría, fue detenido.
UN ENTRAMADO DE MENTIRAS Y VIOLENCIA
Hasta mayo, la relación familiar era normal. Corona y Fernández mantenían una buena relación, tanto en términos familiares como laborales. La esposa del principal acusado por el crimen recuerda que luego comenzaron los problemas, cuando comenzó a faltar dinero en la empresa “Mini Vial”, dedicada al alquiler de máquinas para la construcción.
Su marido primero reconoció, arrepentido, la falta de dinero. Pero luego lo desmintió. Y la relación entre ellos también se complicó. Él la amenazaba, no le permitía invitar amigos al departamento en el que vivían y le prohibió tener su propia llave. Corona se encargaba del dinero y las cuentas. La pareja tiene dos hijos pequeños.
Santiago Corona es el principal acusado por la muerte de su suegro, Roberto Fernández Montes.
Natalia relata que cada vez que le pedía el divorcio, él la amenazaba con quitarle la tenencia de los nenes y con lastimarla. “Quería que él pidiera perdón, que devolviera la plata y se terminara todo. Pero cada vez se iba poniendo más complicado el vínculo”, asegura.
Fue la esposa de su padre, María del Carmen Liñeira, la encargada de recopilar las pruebas suficientes para demostrar las maniobras de fraude que dejaron a la empresa al borde de la quiebra. Hoy, esa carpeta se encuentra en manos del abogado Morla y será incorporada al expediente. Descubrieron que había deudas por casi $1.000.000, mediante créditos robados y seguros impagos.
