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La Cámara Federal rechazó el pedido de CFK, respaldó a Capuchetti y le ordenó que investigue a Milman

En dos resoluciones diferentes, el Tribunal de Apelaciones dispuso que Capuchetti ordene nuevas medidas de prueba.

25 Noviembre de 2022 14:20
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La Cámara Federal porteña rechazó este viernes apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pero le ordenó avanzar con medidas de prueba en la llamada "pista Milman", vinculada al legislador del PRO Gerardo Milman.

Recordemos que tras una serie de fallas, falta de investigación y el intento de cierre de la causa para su elevación a juicio, CFK pidió recusar a la magistrada. Sin ir más lejos, había compartido en sus redes sociales el documento de la recusación en el que dejaba en claro los errores cometidos (adrede o no) en la causa que por ahora tiene solo tres detenidos, aunque ya se comprobaron nexos políticos y financieros de distinto tipo.  

Desde su cuenta de Twittr, Fernández de Kirchner escribió: "Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel".

En el escrito, presentado por los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, aseguraron: “Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez. Aun así, la decisión fue confiar en la imparcialidad de la Dra. Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores”.

En otro punto, los abogados habían explicado: “A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”. Y continuaron: “Han sido, en su enorme mayoría, rechazadas, no realizadas (el clásico 'téngase presente', equivalente a 'tengan presente que no voy a hacer nada') o llevadas a cabo tarde, cuando su eficacia dependía de la celeridad”.

En el documento también se leía: “La magistrada decidió no delegar la instrucción, pero, paralelamente, no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”.

Y agregaron: “El punto es hacer notar que no estamos frente a una causal sobreviniente, sino ante un sinfín de actitudes de la magistrada que no nos dejan otra alternativa que recusarla”. También dijeron: “La recusación no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”.

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Y finalizaron: “Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”.

En los diversos fundamentos por los que pidieron la recusación, los abogados habían hablado del pésimo manejo de los allanamientos apenas detuvieron a Sabag Montiel, de la tardanza en detener a Uliarte, de no seguir la pista del financiamiento ni los vínculos con agrupaciones políticas allegadas a Patricia Bullrich y a Javier Milei, y la nula investigación sobre el diputado Gerardo Milman y sus nexos con los servicios, los proyectos presentados antes del atentado y el supuesto dicho sobre la muerte de Cristina. 

En este contexto, este viernes y en dos resoluciones diferentes, el Tribunal de Apelaciones dispuso que Capuchetti ordene nuevas medidas de prueba para "corroborar o descartar" los dichos de un testigo que aseguró haber escuchado a Milman decir la frase "cuando la maten, yo estoy camino a la costa", dos días antes del intento de asesinato del 1 de septiembre pasado. "En tal sentido, se evidencia como indispensable la convocatoria a prestar declaración testimonial al diputado Marcos Cleri -quien presentó al legajo una certificación notarial de una captura de pantalla" en la que el testigo le refirió haber escuchado esa frase en el bar Casablanca.

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También "resulta necesario que se amplíe la declaración testimonial recibida a Jorge Alberto Abello, con el objeto de averiguar si, además del mensaje que le envió a Cleri, ha comentado lo que escuchó a terceras personas, ya sea en forma presencial" o " mediante un mensaje". Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar así de manera parcial a un planteo de la querella de la Vicepresidenta, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldázabal. Cabe remarcar que los abogados habían reclamado que se periten los teléfonos celulares de las asesoras que estuvieron con Milman el 30 de agosto pasado.

De esta manera, los jueces dispusieron que antes de ordenar esta medida, se dispongan otras ante la "gravedad institucional" del hecho investigado, "el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández". Esto torna "imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego", explicaron.

La medida pedida por la querella de peritar los celulares resulta "procedente" pero " no admite discusión en cuanto a que debe ser llevada a cabo como ultima ratio, en tanto acarrea una intromisión al ámbito de la privacidad", agregaron. En otra resolución, el juez Bruglia rechazó el planteo de la querella para apartar a Capuchetti de la causa por no haber "por el momento" evidencia de riesgo de parcialidad. 
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