La Ciudad cuestionó al Gobierno de Milei por la falta de seguridad en la Marcha Federal LGTBIQ+: "Liberó las calles"

En medio de una jornada de movilización histórica por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires criticó con dureza la actitud del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo que consideran una "liberación de calles" y una desatención del operativo de seguridad. Fuentes del gobierno porteño expresaron su sorpresa ante la ausencia de las fuerzas federales en la custodia de la movilización y remarcaron la contradicción en la aplicación del denominado Protocolo Antipiquetes. "Es llamativo que el Gobierno nacional libere las calles y se desentienda de un operativo de seguridad y no quiera aplicar el protocolo antipiquetes que utiliza Bullrich frente al Congreso", manifestaron en diálogo con la agencia NA.

Desde el Ministerio de Seguridad nacional, por su parte, habían anticipado que la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura no formarían parte del dispositivo de control, dejando la responsabilidad exclusivamente en manos de la Policía de la Ciudad. "Liberar la circulación es un peligro. ¿Qué pasa si hay infiltrados o si hay grafitis en la Catedral?", cuestionaron desde el Ejecutivo porteño. Ante esta situación, el gobierno de la Ciudad dispuso cortes parciales para minimizar el impacto en la circulación y aseguró que implementaría un esquema similar al utilizado en marchas previas, como las realizadas en defensa de la universidad pública. 

También se establecieron anillos de seguridad con presencia de oficiales mujeres en la primera línea para prevenir incidentes. Con más de 20.000 personas en Plaza de Mayo, según datos oficiales, la Marcha Federal LGTBIQ+ se desarrolló bajo el monitoreo del Centro de Operaciones de la Policía de la Ciudad, con la supervisión del ministro de Seguridad, Waldo Wolff, el secretario Ezequiel Daglio y el jefe de Policía, Diego Casalo. La ausencia de fuerzas federales fue notoria, y la seguridad quedó exclusivamente en manos de los efectivos porteños.

Mientras tanto, la protesta adquirió un fuerte carácter político, con críticas directas al presidente Milei por sus declaraciones en Davos, donde vinculó la homosexualidad con la pedofilia. Esta postura generó un amplio repudio de diversos sectores políticos, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner y a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quienes coincidieron en condenar sus dichos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se pronunció contra el discurso del mandatario, asegurando que "no se puede permanecer indiferente ante la violencia y la desigualdad". 

A estas voces se sumó la CGT, que confirmó su participación en la marcha, así como la CTA y otros organismos de derechos humanos. La movilización, convocada bajo el lema "La Patria no se vende, el orgullo se defiende", demostró la capacidad de organización y resistencia del colectivo LGTBIQ+ ante un gobierno que ha sido fuertemente cuestionado por sus posturas sobre diversidad y derechos humanos. En este contexto, el Gobierno porteño dejó en claro su descontento por la falta de acción de la administración Milei y reclamó un mayor compromiso en la garantía de la seguridad en eventos masivos.