18 Noviembre de 2022 18:16
Por irregularidades en el Plan Potenciar Trabajo e incompatibilidad en sus funciones, la Coalición Cívica denunció a Emilio Pérsico a través de la Oficina Anticorrupción (OA). El titular de la Secretaría de Economía Social y líder del Movimiento Evita, es acusado de estar de los “dos lados del mostrador” y de que entregó fondos millonarios a diversas cooperativas, fundaciones y organizaciones civiles que son parte de su organización social.
La presentación lleva las firmas de los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Maricel Etchecoin, el dirigente de La Matanza Héctor "Toty" Flores, el legislador porteño Hernán Reyes y la dirigente de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, entre otros miembros del espacio liderado por Lilita Carrió.
"Ambos funcionarios (Pérsico y Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)) están estrechamente vinculados con el Movimiento Evita, organización social que nuclea cooperativas del trabajo, fundaciones y asociaciones civiles en todo el país", cita la denuncia en la que se adjunta un listado de 49 cooperativas que tendrían algún tipo de vínculo con Pérsico y sostienen que es ahí donde la OA debería indagar.
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El texto sostiene: "Pérsico forma parte del Movimiento Evita. La participación como líder político del Movimiento se encuentra ampliamente referenciado. Asimismo, destaca su participación en cargos directivos de la Cooperativa de Trabajo La Patriada y la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, situación establecida por la propia Oficina en las actuaciones mencionadas".Sin embargo, desde el entorno de Pérsico sostuvieron que no es autoridad de ninguna cooperativa desde que asumió su cargo: "Los expedientes mencionados en la presentación ante la OA no los firmó él, sino que fue Fernanda Miño, quien es secretaria de Integración Socios Urbana del Ministerio de Desarrollo Social y está referenciada en Juan Grabois".
La denuncia dice que, a través de la Secretaría de Economía Social, Pérsico intervino en dos expedientes, a través de los cuales la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA fue beneficiada con más de 160 millones de pesos.
Piden la suspensión y el reempadronamiento de los planes sociales
El lunes, el fiscal federal Guillermo Marijuán había presentado una denuncia penal en Comodoro Py luego de realizar una investigación preliminar sobre las irregularidades detectadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el cobro del Programa Potenciar Trabajo a partir de datos que analizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Tales fueron: la existencia de 253.184 beneficiarios de ese plan social que compraron dólares para ahorro y presentaron declaraciones de “dos o más” bienes personales, hechos que no los ubicaría entre los que pueden acceder al beneficio. También demuestra consumos con tarjetas de crédito o débito que superan en dos o más veces los ingresos provenientes del plan social. A su vez, demuestra que al menos 2.800 personas fallecidas continúan cobrando a través de familiares o terceras personas.
La denuncia de Marijuán es por el delito de defraudación contra la administración pública cometido porque quienes se inscribieron en el Programa Potenciar Trabajo sin tener las condiciones para hacerlo.
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El Ministerio de Desarrollo Social había sido quien pidió en octubre a la AFIP que cruzara toda la información disponible sobre los beneficiarios de la prestación estatal. Por su parte, la titular de ese ministerio, Victoria Tolosa Paz, expresó que se suspenderán automáticamente los planes sociales a quienes lo hayan utilizado para la compra de dólares. "Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades", dijo en conferencia de prensa.
