La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el reclamo de un sindicato de presos en cárceles comunes para que se les reconocieran derechos laborales, entre ellos empleo remunerado y salario mínimo, así como beneficios adicionales por trabajar en los penales.
El gremio de presos no tiene personería ni representatividad gremial.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda desestimaron los reclamos que había formulado el autodenominado Sindicato Unión de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), vinculado a la rama oficialista de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) que conduce el sindicalista docente Hugo Yasky.
La Corte se opuso a que el Estado les de trabajo o los remunere a todos.
Esa organización, inscripta formalmente en el Ministerio de Trabajo pero sin personería gremial reconocida, reclamaba que "se pague una remuneración equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a la totalidad de las personas recluidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal que efectúan tareas de naturaleza laboral". Ese salario asciende en la actualidad a 5.588 pesos.
No todos los detenidos optan por trabajar en la cárcel.
La organización sostenía que existía una situación de discriminación y desigualdad porque "en muchos casos, por esas tareas se abonaban montos inferiores al salario mínimo o sufrían descuentos". Justamente, la falta de representación gremial fue el argumento que utilizaron los jueces Maqueda y Lorenzetti para rechazar el reclamo.
Los reclusos argumentan que hay discriminación por su condición.
El fallo indica que la organización "probó haber solicitado su 'inscripción' como entidad gremial, pero no que la autoridad pertinente la hubiese concedido", por lo cual formalmente no tenía representatividad gremial del colectivo de trabajadores detenidos.
La Corte también rechazó el reclamo para que el Estado "otorgara trabajo a todas las personas alojadas en los diversos establecimientos del Servicio Penitenciario Federal que se encontrasen desocupadas o, en su defecto, se les abonase un salario".
La hoy disuelta agrupación Vatayón Militante fue avalada oficialmente.
El SUTPLA se constituyó formalmente el 2 de agosto de 2013 en el penal de Viedma y como secretario general de la institución resultó electo Rodrigo César Díaz, con el aval del entonces director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, creador del "Vatayón Militante", la agrupación de presos kirchneristas a la que se permitía incluso salir de las cárceles para realizar actividades diversas.
La organización está alineada con la CTA oficialista.
En 2014 se desató una polémica nacional porque algunos de los presos remunerados llegaban a recibir más dinero que los jubilados que perciben la jubilación mínima.