22 Abril de 2020 12:41
Nada fue librado al azar. Cada paso que dieron los dueños y representes del geriátrico desde desde que fue clausurado por el contagio de coronavirus (Covid-19), para las autoridades, estuvo calculado. Es que tanto la decisión de remarcar que no hubo abandono de personas, como también manifestar que desde la residencia se pusieron en contacto tanto con el ministerio de Salud porteño como con las obras sociales y prepagas de cada uno de los residentes forma parte del manual de uso de los geriátricos en la Ciudad.
Para controlarlos existen dos agentes puntuales. El primero es el ministerio de Salud, que se encarga de toda la parte sanitaria, mientras que el segundo es la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Este último tiene por normativa la obligación de hacer una inspección anual de las instalaciones que fue hecha el 10 de septiembre del año pasado, según la documentación a la que tuvo acceso BigBang.
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Ante la pandemia del coronavirus la ley de geriátricos, que en sus artículos 20 y 21 establece cómo funcionan las clausuras, tiene el complemento del decreto que establece la situación de emergencia que firmó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Allí se establece: “El/la que omita elcumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes transmisores, es sancionado/a con multa de quinientas (500) a tres mil setecientas (3.700) unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación”.Tal y como marca el artículo, y como consta en las actas, el motivo de la clausura del geriátrico fue la falta de prevención ante la propagación del virus y el abandonó de persona ya que por ley este tipo de establecimiento tienen que tener un médico a cargo. En el caso de la Residencias Apart Inca se trata de su directora médica, Carla Raffo. Tal y como dicta la normativa, los geriátricos tienen que avisarle tanto al Gobierno de la Ciudad como a las prepagas u obras sociales de las situaciones médicas para así evitar denuncias penales.
“Esta situación era conocida por el Gobierno de la Ciudad, nos comunicamos con ellos todo el tiempo y hoy tuvimos los resultados positivos de los hisopados, nos dijeron que teníamos que derivar a los pacientes a obras sociales pero ninguna los quería recibir, pero no tenemos personal porque nadie quería venir a trabajar aquí”, dijo Raffo cuando llegó pasada la medianoche al establecimiento, que desde el lunes se encontraba a cargo de un electricista; el único empleado que quedaba después de que comenzaron a confirmarse los primeros casos positivos de Covid-19.
