La promulgación de la Ley 27.436 el pasado lunes cambió radicalmente -y para bien- la batalla legal contra la pornografía infantil en Argentina aumentando de tres a seis años la pena por la tenencia de este tipo de material.
La fiscal Dupuy está a cargo del Equipo Especializado en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires.
La norma es particularmente importante si se tiene en cuenta que el año pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que Argentina está entre los cinco países que más producen imágenes, videos y audios de situaciones sexuales protagonizadas por menores.
Y una de las personas que celebra el avance es Daniela Dupuy, fiscal a cargo del Equipo Especializado en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires.
"El verdadero fundamento por el cual es necesario ésto es que no es lo mismo la tenencia de estupefacientes, por ejemplo, que la de pornografía", explica. "El que tiene drogas sólo perjudica su propia vida, el que posee pornografía por lo general tiene millones de imágenes donde los niños se involucran en actividades sexuales. Constantemente piden más. La demanda genera oferta y ésta la necesidad de producir más material, el cual implica sí o sí abusar de un niño".
Abandonar los tabúes
Son avances como éste, para Dupuy, los que impulsan a que las víctimas y sus padres se animen cada vez más a denunciar este tipo de delitos. Movimiento al que también empujan casos públicos, como los abusos sexuales que tuvieron como víctimas a adolescentes de las inferiores de Independiente y River.
"Ésto le muestra a la sociedad que la Justicia se involucra e investiga, lo cual contribuye a que se denuncie", señala la fiscal. "Lo importante es que la sociedad conozca cuáles son los canales de denuncia y que se sepa que tanto en provincia como en la ciudad hay equipos multidisciplinarios trabajando".
-En este punto, ¿hay circunstancias sociales o tabúes que impidan que se denuncien ciertos casos?
-Hay de todo. Hay varones o nenas que no quieren darlo a conocer porque quizás temen represalias de sus padres, papás que no creen en el accionar de la Justicia y no quieren exponer a sus hijos, e incluso papás negadores. Yo creo que más allá de los factores que evitan que las personas denuncien, hay una cuestión fundamental para impulsar ésto: las políticas públicas para informar y formar a papás, docentes y chicos sobre los posibles comportamientos de los sospechosos y las consecuencias que se pueden sufrir. Los papás tienen que acompañar, no prohibir, en esto de vivir continuamente conectados a la tecnología, con pautas y reglas claras de prevención.
-¿Cómo puede encararse la educación desde la primera infancia en relación a los límites sobre el propio cuerpo y el uso de la tecnología?
-Hoy los chicos tienen una gran apertura mental, absorben todo tipo de educación. Se les debe hacer conocer cuál es el peligro, estar atento. Los jóvenes muchas veces no advierten estas circunstancias. Es importante hablar ésto en la familia, con hermanos mayores. No tiene que ser un tema tabú, sino algo que esté abierto y teniendo en cuenta que cualquiera puede ser víctima. De hecho, por lo general son menores de clase media y buena formación educativa y social.
La clave: identificar el grooming
Además de remarcar que ningún niño, independientemente de su entorno, está exento de entrar en contacto con un posible depredador sexual, Dupuy subraya que "por lo general, no siempre, las personas que cometen este tipo de ilícitos cumplen con dos perfiles: tienen contacto diario con niños a través de su trabajo o también tienen muchos conocimientos informáticos".
En ese punto, los abusadores generalmente no presentan una personalidad chocante o repulsiva sino todo lo contrario. "Son personas formadas de clase media que llegan al niño a través de una especie de seducción. Todo lo que consiguen, lo hacen desde lazos de confianza", ilustra la fiscal.
Y es por eso que se vuelve crucial apuntar la prevención a esa etapa, que usualmente se denomina como "grooming" y durante la cual, como explica Dupuy, "el abusador trata de entrar en una zona de confort y prepara el terreno para luego pedir fotos o videos". De hecho, actualmente se analiza la posibilidad de elaborar un proyecto de ley que penalice con mayor severidad esta instancia.
"Los chicos deben tener formación para identificar ésto a tiempo porque luego hay otras etapas: una tercera, cuando ya hay intercambios de contenido sexual y material pornográfico que el groomer pide al niño, e incluso una cuarta donde se pasa a la extorsión. Todo este período lleva mucho tiempo, meses. Por eso es importante agarrarlo a tiempo", concluye.