26 Septiembre de 2017 06:00
La aprobación de la Ley de Alquileres en la Ciudad, la cual obliga a los propietarios a hacerse cargo de los gastos de comisión y gestoría, provocó una serie de acusaciones cruzadas entre propietarios e inquilinos y el temor de feroces aumentos de cara al 2018.
Acusaciones entre inquilinos y propietarios.
Ayer, el malestar quedó expuesto. Los martilleros y corredores inmobiliarios marcharon por la tarde a la Quinta presidencial de Olivos en rechazo a la nueva Ley de Alquileres, sancionada por amplia mayoría en la Legislatura porteña.
En rigor, desde la secretaria del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba), que conduce Mario Gómez, recurrirán a tres medidas legales para intentar suspender la ley: un amparo colectivo de la institución en nombre de todas las inmobiliarias de la Ciudad, amparos individuales que presentará cada inmobiliaria y un recurso de acción de inconstitucionalidad.
La movilización en repudio a la Ley de Alquileres.
En la vereda de enfrente, los inquilinos temen que esos gastos que ahora pasarán a la órbita de los propietarios se trasladen a los precios en 2018. La asociación Inquilinos Agrupados denunció que los alquileres aumentarán el doble que los salarios durante el próximo año, por lo que aseguran es necesario regular el precio para que “sean claros, justos y legítimos”.
Temen que el precio de alquileres doble el de la inflación.
“El Gobierno nacional pretende fijar en 15% el techo para los aumentos salariales del año que viene. Mientras, los contratos de alquiler que se firmaron este año tienen previsto un aumento semestral del 15% para el año que viene. Es decir, un 30% anual”, señala un comunicado de la agrupación, que además denunció que desde hace años el mercado inmobiliario fija los precios por encima de los niveles inflacionarios.
Un alquiler puede representar el 50% de un ingreso promedio, aunque si se suman impuestos, expensas y servicios podría alcanzar hasta un 70 por ciento. En la cámara de Diputados se encuentra frenado un proyecto de ley similar al sancionado en la Capital Federal, el cual establece que los aumentos en el precio de los alquileres sean anuales y no semestrales y estén sujetos a un índice promedio entre inflación (IPC) y salario (CVS)”.
