Luis Chocobar continuará procesado por homicidio agravado por la muerte del ladrón Pablo Kukoc. Lo confirmó la Sala IV de la Cámara del Crimen, que a su vez cambió la carátula de la causa y declaró la nulidad del embargo por $400 mil. Los camaristas señalaron que el policía de Avellaneda que intervino tras el robo a un turista en La Boca actuó de manera correcta en un comienzo, pero pusieron la lupa en el desenlace trágico de los hechos.
De este modo, Chocobar continuará procesado por el delito de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego, en exceso del cumplimiento del deber. El caso había provocado conmoción, debido a que el oficial de la policía local de Avellaneda intervino tras un violento robo al turista Frank Wolek, quien fue apuñalado por Kukoc, quien a su vez fue perseguido por Chocobar. El policía terminó asesinando de dos balazos al delincuente.
Los jueces de la Sala IV consideraron que “Chocobar intervino porque debía hacerlo, máxime si se tiene en cuenta que el episodio se desarrolló mientras se dirigía a cumplir su función. Lo hizo inicialmente ajustando su comportamiento a la normativa que regula la función policial, pero concluyó en un acto excesivo que merece ser juzgado en una etapa posterior”.
Macri, junto al policía de Avellaneda, Luis Chocobar.
En este sentido, los camaristas aseguran que “actuar como policía implica también reconocer de manera imperiosa los límites que la propia institución establece”. A pesar de confirmar el procesamiento, la Cámara declaró la nulidad del embargo de $400 mil, que le había trabado a Chocobar el juez Enrique Velázquez, y que motivó que el efectivo fuera recibido por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Debemos dejar en claro - dicen los jueces en el fallo - que (Chocobar) venía cumpliendo un mandato legal, pero luego sobrepasó la restricción sobre el uso de armas de fuego”. Además, aseguran que “cuando disparó para alertarlo tuvo la posibilidad cierta de efectuarlo de manera certera para la quitarle la vida. Y no lo hizo”.
La Justicia anuló el embargo por $400 mil al efectivo policial.
En este contexto, el fallo indica que “un policía tiene un deber de actuar y hacer cesar los efectos del delito, evitando que se ponga en riesgo su vida o la de terceros, pero no puede apartarse de los límites que la ley fija”. “Indudablemente no lo impulsa el dolo propio de quien desde un inicio se ha propuesto consumar un delito, ya que eso no daría lugar a discusión alguna en el plano que nos ocupa. Pero sus excesos no lo eximen de incurrir en responsabilidad penal”, remarcaron los jueces.