21 Mayo de 2018 16:37
La Justicia Federal de Dolores ordenó hoy a las prestatarias de gas de todo el país que se abstengan de realizar cualquier corte o suspensión del servicio por falta de pago, al dictar una medida cautelar a partir de una presentación realizada por la Asociación Consumidores Argentinos.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla dispuso que este fallo se aplique a partir de este lunes y para todos los usuarios que registren falta de pago.
A partir de este lunes a ningún usuario se le podrá cortar el gas por falta de pago.
En el fallo, el magistrado sostuvo que la cautelar interina se dictó “debido a que se trata de sectores socialmente vulnerables o se encuentra comprometida la vida digna”.
Además, resolvió que se revisará la medida cautelar una vez que los diferentes organismos del estado contesten los informes que se les solicitó en la causa.
En la presentación judicial, realizada por los apoderados de Consumidores Argentinos, José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, se había solicitado “la inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas por falta de audiencia pública en el valor del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas”.
Sin embargo ese planteo fue rechazado hasta que “se dé traslado a las partes intervinientes” para que hagan el descargo correspondiente. Además se ordenó comunicar la causa al Registro Público de Procesos Colectivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino aseguró que esa decisión “va en línea con lo que le reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la Provincia”.
Además agregó que el reclamo “tiene que ver con defender a la gente para que pueda desarrollarse dignamente, que se les garanticen los servicios públicos elementales y que las razones estrictamente económicas no condicionen su calidad de vida”.
Paralelamente, la Corte Suprema debe pronunciarse sobre una presentación del Gobierno nacional que apunta a bloquear las cautelares por aumentos tarifarios, realizada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman.
Dicho planteo gubernamental fue contra una cautelar presentada por la ONG Cepis, aceptada
en primera instancia por un juzgado contencioso administrativo, y elevada luego por la Cámara Federal de La Plata a la consideración del máximo tribunal de la Nación.
La Defensoría del Pueblo bonaerense, el Cepis y el Municipio de Leandro N. Alem pidieron a la Corte Suprema que rechace la pretensión gubernamental de cerrar el camino a nuevos fallos judiciales que admitan cautelares por incrementos tarifarios.
