“A más de un año del importante hito conseguido con la aprobación de la ley 27.350 de cannabis medicinal en Argentina, desde CAMEDA identificamos que aún hay mucho camino por recorrer para que todos los pacientes argentinos tengan un acceso seguro y universal al uso medicinal del cannabis".
Ana María Nicora junto a su hija Julieta, usuaria de cannabis medicinal.
Ese párrafo de una carta dirigida a Mauricio Macri en mayo resume no sólo el sentimiento actual de los integrantes de la organización Cannabis Medicinal Argentina, sino el de otras agrupaciones que abogan por la aplicación completa y profunda de la disposición legal.
"Lo necesitamos todos como sociedad: tanto el paciente como el médico que puede usarlo como herramienta. Hay patologías que no responden a nada y el cannabis puede ser una solución", remarca Ana María García Nicora, presidenta de CAMEDA, médica y madre de Julieta, una joven que encontró en el aceite de cannabis un camino para apaciguar los síntomas de la epilepsia refractaria.
Las dificultades y omisiones de aplicación de la ley con la que se chocan cotidianamente los usuarios del medicamento motivó a la organización que preside Nicora a presentar la semana pasada una queja formal al Defensor del Pueblo de la Nación.
"Con las expectativas de que, luego de reuniones en marzo, en poco tiempo comenzarían ensayos clínicos en neuropediatría en el hospital Garrahan, aún no empezaron y ya estamos en julio", ilustra la especialista.
"Tampoco se ha abierto la posibilidad de utilizar el cannabis para tratar otras patologías además de la epilepsia, incluso contando con base documentada, evidencias científicas y fallos judiciales favorables que se multiplican por todo el país".
Provisión incompleta
Como bien remarca el texto de la queja que CAMEDA presentó ante el Defensor del Pueblo de la Nación, la mayoría de los beneficiarios del cannabis medicinal "están transversalmente vinculados por una característica: son personas altamente vulnerables".
"Ante esta situación, el Estado Nacional asumió legalmente el monopolio de la investigación, cultivo y producción del cannabis con fines medicinales. Sin embargo, a la fecha, existe un absoluto incumplimiento en lo que respecta a las obligaciones medulares, el cual afecta, restringe y posterga los derechos humanos de las personas y grupos precedentemente mencionados, entre tantos otros", detalla.
A la imposibilidad estatal de proveer el medicamento se suma a otra traba absurda: la ley le posibilita a los pacientes usarlo pero no cultivar marihuana ni fabricar productos derivados. Es así que los usuarios se ven obligados a conseguirlo sólo a través de ANMAT mediante un trámite casi siempre largo y engorroso, o a recurrir al mercado negro donde, como bien remarca Nicora, "a veces ni siquiera se sabe qué contiene el preparado".
En ese sentido, legalmente sólo el INTA y al CONICET están autorizados a cultivar cannabis con fines de investigación médica. Sin embargo, hasta mayo de este año ninguna de las dos entidades había recibido presupuesto a tal fin.