El martes por la noche, el Ministerio de Salud de la provincia emitió un comunicado en el que anunciaba que se le practicaría la interrupción legal del embarazo -a partir de una orden de la jueza Valeria Brand- a la nena de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela. En el final del escrito, una cita llamó la atención. Se debían cumplir "los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas".
La reacción de la Corte Suprema no tardó en llegar. Mediante otro comunicado, se aclaró que el criterio de "salvar las dos vidas" invocado por la cartera de Salud "no refleja lo requerido por la jueza interviniente". La aclaración expone el engaño por parte del Poder Ejecutivo de Tucumán y no fue aclarado ni por la ministra Rossana Chahla, ni ningún otro funcionario del gobierno de Juan Manzur. Ninguno dio explicaciones.
El comunicado de la Corte Suprema de Tucumán es el siguiente:
"La Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán comunica en función de la trascendencia pública en el caso de la niña identificada como Lucía, internada en el hospital Eva Perón, luego de una consulta efectuada a la jueza interviniente, Valeria Judith Brand, a cargo del Juzgado de familia y Sucesiones de la V° Nominación, que dicha unidad jurisdiccional tomó intervención en el caso 10 días atrás.
Dicha intervención estuvo, está y estará centrada en hacer cumplir el Sistema de Protección Integral de NNA (Ley 26.061). El Juzgado informa que dispuso en las actuaciones seguir los lineamientos expresados en el Fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2013.
Por lo tanto, el texto publicado en diferentes medios y redes sociales, refiriendo un comunicado de prensa que habría sido emitido por el Siprosa en fecha 26 de febrero, en el cual se menciona que se dará cumplimiento a la Doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo “en procura de salvar las dos vidas”, no refleja lo requerido por la jueza interviniente".
La cadena de agravantes cuenta con varios eslabones en la que intervienen distintos actores responsables del sufrimiento de la niña, quien es la única víctima. La menor estaba embarazada producto de una violación. En la semana 16 de gestación, pidió, junto a su madre, que le practicaran un aborto, ya que en esos casos, es legal desde el año 1921. Por razones que las autoridades no terminan de aclarar, la práctica se demoró hasta la semana 23.
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En la madrugada de este miércoles, fue sometida a una cesárea por tres profesionales externos que fueron convocados porque nadie en el sistema público de Salud quería hacerlo. A las declaraciones que expresó la ginecóloga Cecilia Ousset, quien ejerció como instrumentadora en la cesárea realizada a la menor, se sumó el testimonio del cirujano Jorge Gijena, quien realizó la intervención quirúrgica. "La vimos jugar con juguetitos de plásticos y, al vernos a nosotros, se asustó. Nos dijo que quería hacerlo pero que le tenía miedo a las agujas. Todo el tiempo se abrazaba con la mamá", explicó y reveló que fue convocado el lunes por la noche.
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Gijena cuestionó la decisión de quienes tenían que asistir en la operación y que dejaron sus puestos. "Cuando logramos el contacto con la niña decidimos la vía de terminación del embarazo y fuimos al quirófano. Ahí nos dimos cuenta que las instrumentadoras declararon la objeción de conciencia y se fueron. Sentimos una soledad tremenda, pero no podíamos dar un paso atrás", comentó.
Fuimos tres personas en soledad asistiendo a la nena"
"Es como esta niña hubiera estado bajo custodia. La actitud que tuvieron los profesionales que estaban ahí fue de espectadores. Colaboraron parcialmente. Fuimos tres personas en soledad asistiendo a la nena. Había que respetar el derecho de la niña y de la madre, que había manifestado la interrupción legal del embarazo, contemplado por la ley", concluyó en declaraciones a TN.