La pandemia de coronavirus evidenció en forma dramática problemas estructurales históricos: la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a servicios, la crisis habitacional, y el impacto diferencial de estas problemáticas en ciertos territorios.
En ese sentido, la consigna principal de la campaña de prevención (“Quédate en casa”) ubicó al derecho a la vivienda en un lugar central para pensar otros derechos como el derecho a la salud o a la vida.
Ese fue el punto de partida del informe La pandemia en la Villa 31, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el cual plantea que "aun con un proyecto de re-urbanización en curso, el accionar del Gobierno nacional y del Gobierno porteño en la Villa 31 resultó inadecuado e insuficiente para evitar la propagación del virus en el barrio.
"La tasa de contagios y el ritmo de aumento, mucho mayor al del resto de la Ciudad dan cuenta de esto. Además, se puso de manifiesto que el riesgo frente a la pandemia no es igual para todas las personas. Quienes viven en barrios populares, como la Villa 31, estuvieron especialmente expuestos al contagio y, a su vez, referentes comunitarios y personal de la primera línea dentro del Barrio fueron quienes corrieron los mayores riesgos", agregaron.
En ese sentido, el balance que ACIJ realiza de medidas como el plan DetectAr es dispar. En ese sentido, si bien de acuerdo a un informe de CIPPEC la estrategia "fue efectiva en contener la expansión del virus", otros especialistas discuten este éxito.
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Así, el infectólogo Jorge Aliaga consideró que "en los barrios populares de la Ciudad la epidemia cursó de manera descontrolada. Casi tan rápido como si no se hubiese hecho nada para detenerla. Esto se da por las condiciones de vida, por el hacinamiento, la imposibilidad de aislarse, por compartir el baño. En la Villa 31, si en junio se había contagiado el 53%, quiere decir que hoy ya se contagió todo el mundo. No hubo un desastre sanitario de muertos porque no hay tanta gente mayor".
Paralelamente, el acceso a la información (punto clave para poder hacer frente a la situación de pandemia y aislamiento) se hizo a través de Internet, determinando que la falta de conectividad se tradujera en falta de acceso a información y a programas y beneficios sociales.
"En este contexto, las redes barriales y comunitarias fueron muy importantes para que vecinos y vecinas se mantuvieran informadas. También fue problemática la multiplicidad de medios, para lo cual hubieron iniciativas que buscaron unificar información de calidad. Por parte de la sociedad civil, se llevaron a cabo distintas acciones", explica el informe.
"Para paliar la falta de acceso a la información por falta de conectividad, se llevaron adelante capacitaciones en barrios populares destinadas a brindar datos sobre: medidas de prevención frente al COVID-19 y a otras enfermedades presentes en los barrios, información legal en el marco del aislamiento social obligatorio, orientación en caso de sufrir violencia institucional y/o de género, medidas de prevención para comedores comunitarios y ollas populares y dar a conocer los programas de asistencia estatal que surgieron en el marco de la pandemia", agrega.
Finalmente, en relación a los servicios públicos, a las fallas habituales, se sumó la interrupción del servicio de agua en distintas manzanas durante las primeras semanas del ASPO.
Esta situación afectó, además del acceso elemental a un derecho básico, la posibilidad de cumplir las medidas sanitarias y de prevención frente a la pandemia. Durante los días siguientes, el tema fue difundido en medios de comunicación en donde los responsables de la SISU y de AYSA hicieron declaraciones cruzadas sobre la responsabilidad del déficit del servicio.
Según una integrante del Comité de Crisis, la falta de agua fue un hito cuya gravedad llevó a la unidad de distintos sectores del barrio, unificando a distintas organizaciones de distintos sectores políticos para que la Secretaría empiece a tomar medidas y ayudara a las y los vecinos.
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"Como puede verse en otras problemáticas, como el acceso a servicios básicos o a la alimentación, durante la pandemia de COVID-19, la organización comunitaria fue central y dejó, otra vez, en evidencia que quienes hicieron y autogestionaron el barrio son quienes mejor lo conocen, y los convierte en aliadas y aliados indispensables para el desarrollo de políticas en territorio", advierte el informe.
"Las desigualdades intensificadas en estos meses y la organización autogestiva ponen de manifiesto las deudas históricas que los Estados tienen con las personas que habitan barrios populares en general, y con la Villa 31 en particular", concluye.