Recientemente, el gobierno argentino solicitó a los gobiernos de Pakistán y de Sri Lanka la detención del ministro del Interior de la República Islámica de Irán, Ahmad Vahidi, por estar imputado en la causa de los atentados contra la embajada de Israel y al sede de la asociación mutual israelita Argentina, conocido como AMIA.
Pero, con independencia de las actuaciones judiciales, este pedido no va a ser considerado porque en este caso, el ministro del interior es actualmente parte de una visita de estado y por ende tiene inmunidades diplomáticas. Incluso, Irán dio a conocer un comunicado en rechazo al pedido del Gobierno ante Interpol, en el que "condenó enérgicamente la reiteración de solicitudes ilegales basadas en mentiras por parte de algunos jueces argentinos sobre ciudadanos iraníes por la causa AMIA".
A Vahidi se lo acusa de haber participado de una reunión de las máximas autoridades del gobierno de Irán, en la ciudad santa de Mahshad, en noviembre de 1993. En esa cumbre, publicada entonces por los diarios, se habría decidido el atentado contra la AMIA. La información nunca tuvo una prueba fehaciente y fue aportada a la causa judicial por opositores al régimen de los ayatolas. Luego, la versión fue refrendada por informes de inteligencia de la agencia israelí Mossad y de la CIA norteamericana.
Como en otros casos recientes, estamos ante una sobreactuación que tiene un fin específico: probarle a los Estados Unidos que somos fieles adherentes a sus causas internacionales en forma absoluta. En estos momentos los Estados Unidos tienen tres problemas globales, a los cuales subordina toda otra cuestión: la situación de Israel, la de Ucrania, y la de Taiwán. Por consiguiente, su política exterior tiene dos objetivos claros.
Primero, aquellos países que están alineados con los supuestos enemigos de Israel, Ucrania y Taiwán deberán ser castigados con sanciones económicas, comerciales y bloqueos. Y segundo, los países que intentan mantener una línea de neutralidad, teniendo relaciones puramente pragmáticas con cualquier otro país del mundo, atraerlos hacia las posiciones claras y los intereses que tiene Estados Unidos en estas cuestiones.
Y a esto hay que sumar la sobreactuación argentina. No de extrañar que recientemente vino de viaje a la Argentina la generala Laura Richardson que es la máxima autoridad del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, un comando que precisamente involucra a América Latina. Y los intereses de esta militar eran muy simples: instalar la agenda estadounidense en aquellos puntos en los cuales la Argentina tenía alguna responsabilidad, como por ejemplo una base de observación astronómica china, y las inversiones chinas en represas en la provincia de Santa Cruz, o en la reconversión total de la red ferroviaria del Belgrano Cargas.
No es casualidad que en ese inmediato momento la inefable ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich haya afirmado, en un modo totalmente temerario, que en Chile estarían operando células terroristas de Hezbollah, afirmación de la que luego tuvo que disculparse ante las críticas que le efectuara el presidente de Chile Gabriel Boric.
Se trata de clásicas maniobras de desestabilización, acusaciones vagas, fundadas en noticias periodísticas mal interpretadas, que intentan instalar un clima de desconfianza o conflicto -precisamente cuando hay con Chile un tema complejo en la región patagónica con agrupaciones mapuches que tienen una fuerte militancia. Un clima que precisamente intenta entorpecer la agenda progresista del actual gobierno chileno, que mantiene una neutralidad y no alineamiento internacional
No es ninguna novedad que esta intervención persistente de los Estados Unidos en la política exterior de los países latinoamericanos, este uso del garrote y la zanahoria, en general una zanahoria muy pequeña y un garrote muy grande.
Recordemos que durante la Guerra Fría los Estados Unidos tuvo una larga serie de intervenciones en donde la CIA fue un actor absolutamente central a partir de, precisamente, el golpe estado que tuvo lugar en Chile en el año 1973, y derroca al gobierno de la unidad popular del presidente Salvador Allende, y que luego se perpetraran en intervenciones que tuvieron lugar en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, etcétera.
Y esta política de intervención se repite cuando un gobierno de América Latina intenta una política independiente equidistante de los bloques de poder y con una mirada progresista de los asuntos sociales, agenda que molesta sobremanera al proyecto hegemónico y unilateral de los Estados Unidos.