La Procuradora General Alejandra Gils Carbó aseguró hoy que no aceptaría un desplazamiento de su cargo mediante un decreto del presidente Macri al considerar que "sería un acto totalmente inválido" e "inconstitucional".
"Más que algo personal lo veo como un afán de concentración del poder y eso es el motivo por el cual siento el compromiso de quedarme en mi cargo", sostuvo la funcionaria, y advirtió que sería "un escándalo" que el Gobierno intentara removerla de su cargo "al mejor estilo Nicolás Maduro".
Gils Carbó afirmó que "de ninguna manera" tiene una vinculación política con el kirchnerismo y que "no" es "opositora ni militante, y siento rechazo y desilusión cuando me llaman la enemiga del Gobierno".
En una entrevista que brindó a radio Con Vos, la Procuradora denunció que hay una "difamación" en su contra y que ve "con preocupación un crecimiento de la violencia contra el sistema judicial", al mencionar que "ya ha habido jueces federales que denunciaron presiones" y que "los jueces laborales están expuestos a una campaña de hostigamiento constante".
"En lo que a la Procuración respecta, esto empezó en noviembre de 2015, cuando el entonces candidato y ahora presidente (Mauricio Macri) decía que yo tenía que renunciar si asumía, desconociendo el claro texto constitucional que establece que el Ministerio Público es autónomo e independiente y que no tiene que retirarse cada vez que cambie el gobierno", argumentó.
Consultada por la posibilidad de que el Gobierno intente removerla de su cargo con un decreto, respondió: "Sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haría acciones judiciales. Habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez".
Asimismo, Gils Carbó aseguró que "existe un gran paralelismo entre lo que está pasándole a Luisa Ortega (la procuradora de Venezuela) y lo que me está pasando a mí", y trazó una comparación entre Macri y Nicolás Maduro.
"¿Se imagina el escándalo internacional en que se vería expuesta la Argentina? Un escándalo que ya está instalado en los organismos internacionales por la detención ilegal de Milagro Sala. Imagínese si a eso se le suma una destitución por decreto al mejor estilo Nicolás Maduro?", dijo.
La Jefa de los fiscales reconoció su pertenencia al grupo de Justicia Legítima, al cual definió como "un grupo de magistrados y funcionarios judiciales progresistas en el ámbito de la justicia" y aclaró que "no tiene ninguna afiliación partidaria".
"Yo no soy opositora ni militante, y siento rechazo y desilusión cuando me llaman la enemiga del gobierno. Tengo que cumplir un rol que establece la Constitución, que es defender los derechos humanos fundamentales de las personas y la Constitución", expresó.