La situación de las universidades es crítica: "Pueden cerrar y la sociedad lo sabe"

Una nueva jornada de lucha se desarrollará este miércoles, principalmente en la plaza del Congreso y en los principales puntos del país, en "defensa de la universidad pública y del sistema científico" nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el "veto total" a la ley de Financiamiento de las casas de estudio sancionada por el Congreso. La "marcha universitaria" tendrá su punto más álgido alrededor de las 17 y en este contexto, la secretaria general CTERA de la Ciudad de Buenos Aires, Angélica Graciano, no dudó en alertar con firmeza que la actual situación de las universidades podría llevar a su dramático cierre.

Por esta razón, anticipó una masiva convocatoria en defensa de la educación pública. "La situación de las universidades es crítica, pueden cerrar y la sociedad lo sabe", planteó y agregó: "Hace unos días se anunció la provincialización de las universidades. Lo vamos a ver en las calles". De esta manera, planteó que esta nueva marcha federal será la continuidad de la protesta del 23 de abril que, aseguró, "lesionó esa cerrazón que tenía el presidente respecto de las demandas sociales". 

La movilización prevista para las 15, en las inmediaciones del Congreso, oficia de catalizadora de otros reclamos, como lo son la realidad económica de los jubilados, el rechazo a los aumentos de tarifas y servicios, y puntualmente el pedido por mejoras salariales en los docentes y no docentes universitarios. "Toda la comunidad tiene una preocupación muy grande por la educación pública, sobre su continuidad, sobre su existencia, su pensamiento, sobre cómo las nuevas generaciones van a tener oportunidades para estudiar y construir un progreso social", sostuvo Graciano en diálogo con Splendid 990.

Consultada respecto al reemplazo del FONID, luego de que el Poder Ejecutivo anunciara que no lo pagaría, la dirigente sindical expuso: "Algunas provincias asumieron el pago del FONID, con otros conceptos. En otras no se está pagando y nuestro reclamo va a continuar porque es un compromiso salarial nacional". "El conjunto de los trabajadores y la sociedad que defienden las seguridades sociales y el derecho está enfrentando a un poder concentrado compuesto por grupos financieros, empresariales y al Gobierno", denunció, y sumó: "Es un dique muy grande de protección para las medidas restrictivas de ajuste que ha tomado".

En la misma línea, remarcó: "Con un dispositivo comunicacional que le garantiza una sola narrativa, la del Gobierno, la del ajuste, la del déficit fiscal. Lo que hemos demostrado el 23 de abril y se va a reeditar es que el pueblo argentino no está dispuesto a renunciar a la educación".  Por su parte, rechazó la denuncia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien aseguró que las autoridades universitarias "inventan" alumnos para cobrar fondos al contraponer los resultados de las auditorias internas y externas. "Es una acusación infundada", advirtió Graciano y le pidió pruebas al funcionario libertario. 

Sin ir más lejos, la secretaria general CTERA advirtió que "deberían mostrarse los resultados de las auditorias, no a sostener un discurso en contra de las universidades", retrucó al respecto. "Si está tan preocupado no lo tiene que decir un día previo al paro sino durante todo el año. Es muy fácil salir un día de huelga a hostigar a los trabajadores", afirmó y dijo que Torrendell, "además de ocuparse del financiamiento", debe "actualizar las partidas presupuestarias y publicar los resultados de las auditorias". El secretario de Educación de la Nación había dicho que existe una falta de información clara sobre la inscripción de estos estudiantes.

Según explicó, hay alrededor de 600.000 estudiantes en las universidades nacionales, pero destacó que desconoce si el 38% de ellos está efectivamente cursando alguna asignatura. Esta situación, según el funcionario, está relacionada con una falta de transparencia en el sistema universitario, lo que considera una "tradición de un sistema opaco". Finalmente en el marco de la marcha, Graciano adelantó que le será difícil a la ministra de Seguridad poner en practica el operativo antipiquetes debido a  la masividad de la convocatoria. Por eso, le pidió a la flamante funcionaria libertaria que "cuide a la población porque es su obligación". "Que garantice los derechos constitucionales como el derecho a huelga y la protesta", concluyó la secretaria general CTERA de la Ciudad de Buenos Aires.