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Las 7 claves por las que el juez Casanello va por los cuatro hijos de Báez

El juez federal asegura haber comprobado que las empresas del patagónico lavaron dinero obtenido de la obra pública. Por eso, los citó, les inhibió todos sus bienes y les prohibió salir del país.

24 Junio de 2016 15:34
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El juez federal Sebastián Casanello no sólo llamó a declaración indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez sino que también aseguró haber comprobado el delito por el que se los acusa a toda la familia patagónica: el lavado de dinero que sus empresas obtuvieron de la obra pública.

Contra la pared: la Justicia aceleró la investigación contra la familia Báez.

Así, Martín, Luciana, Melina y Leandro deberán explicar por qué eran beneficiarios finales de la Fundación Kinsky, radicada en Panamá, que giró US$ 25 millones de dólares hacia Helvetic Group, con base en Suiza, para finalmente reingresarla al país a través de bonos de la deuda pública que terminaron en cuentas de Austral Construcciones.

Las claves del lavado

El juez federal Sebastián Casanello quiere tener cara a cara a los cuatro hijos de Lázaro Báez.

"La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó información sobre la formación de una estructura jurídica y societaria en el extranjero para canalizar fondos de origen ilícitos de propiedad de Lázaro Báez".

Austral Construcciones y Epsur habrían recibido US$ 20 millones y US$ 5 millones, respectivamente, de Helvetic Group, que a su vez, se los habría aportado la Fundación Kinsky, que tendría como beneficiarios a los cuatro hijos de Lázaro Báez.

Se habría comprobado la triangulación de dinero entre cuentas bancarias de Tyndall Limited Inc, Teegan Inc. y Worldwide Investment Properties Ltd. que pertenecerían a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, es decir, hombres de la estructura financiera de Lázaro Báez.

"Ninguno de los cuatro (Martín, Luciana, Melina y Leandro) poseen el perfil patrimonial necesario para respaldar las tenencias que se habrían acumulado en las cuentas radicadas en Suiza y que habrían ascendido a US$ 25 millones".

"Se designarán veedores informantes en Austral Construcciones por el plazo de seis meses para realizar informes mensuales sobre el estado de situación y al término, un informe general".

"Se impedirá cualquier inscripción que implique la venta de bienes o activos, el desmembramiento o modificación de estatus jurídico de las empresas del citado grupo como así también cambio de la sede social".

"Se decretará la inhibición general de bienes de Austral Construcciones, Epsur, Luciana Báez, Melina Báez, Leandro Báez y Juan Pedro Damiani Sobrero y la prohibición de su salida del país".