01 Diciembre de 2017 18:44
La bala ingresó por el glúteo izquierdo en sentido ascendente, comprometió varios órganos vitales y quedó alojada en la axila derecha sin orificio de salida. Instantes después, Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años, murió en el predio que permanecía ocupado en la zona de Villa Mascardi, en Bariloche.
Mientras eso ocurría, a 804 kilómetros, cientos de hombres trabajaban intensamente en la búsqueda de submarino ARA San Juan, del que se perdió todo tipo de contacto hace más de 15 días con 44 submarinistas abordo a los que ya no buscan más con vida.
Dos episodios inconexos entre sí, pero que sirven como ejemplo para graficar la crisis que atraviesan las fuerzas de seguridad y de defensa. Del rol de la Gendarmería nacional en el caso Maldonado hasta el grave conflicto que atraviesan las Fuerzas Armadas, con falta de presupuesto y aún muy cuestionadas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
La muerte de Santiago Maldonado marcó un antes y un después. El joven tatuador se encontraba en la protesta mapuche sobre la ruta 40 en Cushamen cuando el 1° de agosto la Gendarmería reprimió, desalojó el corte de tránsito y corrió a los manifestantes. Desde entonces y hasta el 17 de octubre, Maldonado permaneció desaparecido. La causa que tiene en sus manos el juez federal Gustavo Lleral continúa caratulada como “desaparición forzada”. El joven fue hallado en el río Chubut cuando faltaban pocos días para cumplirse tres meses de su desaparición.
La Gendarmería fue señalada por la familia, testigos y organismos de derechos humanos que denunciaron la represión. Para los Maldonado, el accionar de los uniformados sin lugar a dudas incidió en la muerte de Santiago. Cuando reconoció el cuerpo, su hermano Sergio apuntó: “Esto no quita que el responsable es Gendarmería. Seguiremos investigando para que se sepa la verdad y tener justicia”.
Santiago Maldonado permaneció desaparecido desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre.
La muerte del joven mapuche de 22 años el sábado pasado en manos de Prefectura Naval volvió a reflejar el violento y represivo accionar de las fuerzas federales. Para el abogado, docente de la Universidad Nacional de Quilmes y autor del libro “Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de Gobierno”, Esteban Rodríguez Alzueta, no sería adecuado pensar en que hay mejores fuerzas de seguridad que otras: “Todas coinciden en el obedecer al ministro. No hay que pensar a las fuerzas por separado”.
El investigador cree que no existen diferencias entre las fuerzas federales para la represión de protestas sociales. “Ponen a la fuerza de ley más allá de la ley. La fuerzas están desprotocolizadas y hay mucha discrecionalidad en su accionar”, aseguró Rodríguez Alzueta a BigBang.
Esta semana, tras el homicidio del joven mapuche, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la actuación de la Prefectura y sostuvo que toman como válida la versión que aportaron los miembros del grupo Albatros que participaron del operativo en el que murió Rafael Nahuel. “El mensaje respalda la discrecionalidad y empuja a actuar de ese modo. Da cheques grises a las fuerzas de seguridad, con el mensaje de 'manejate, vos sabrás'”.
Lo cierto es que tanto la Prefectura como la Gendarmería fueron modificando sus roles con el correr de los años. Los uniformados comenzaron a realizar tareas de “policía” cuando durante la gestión de Nilda Garré, en 2011, fueron desplegados en municipios con graves problemas de delincuencia, y llegaron a la Capital Federal mediante el operativo “Cinturón Sur”. Así, ambas comenzaron a ser utilizadas como una fuerza de auxilio policial. En el caso de la Gendarmería, la fuerza en apenas una década duplicó la cantidad de efectivos, de poco más de 17 mil a los 37.800 que tiene hoy en día. La Prefectura tiene una cifra inferior: 28.900 uniformados.
Bullrich defendió el accionar de la Prefectura Naval en el operativo en el que murió el mapuche Rafael Nahuel.
Rodríguez Alzueta señala que la Prefectura tiene menos visibilidad por tratarse de una fuerza de control marítimo. “Las fuerzas están cortadas por la misma vara. En los tiempos de Garré recibía denuncias por tratos abusivos e intentos de coimas”, remarcó el experto, quien agregó que “detrás del accionar de las fuerzas de seguridad están los funcionarios de turno”. Para Alzueta, los gobiernos saben que las policías pueden transformarse en un elefante dentro de un bazar y que se pueden volver la peor pesadilla del poder de turno.
En el caso de la Gendarmería, la fuerza adquirió mayor relevancia en los últimos años por los sucesivos desalojos de protestas sociales en autopistas y rutas de todo el país. Pero además, porque en los últimos tiempos quedó marcada por su actuación en distintas causas sensibles: al caso Maldonado se le suma la pericia que asegura que Alberto Nisman fue asesinado; así como los traslados a los presos vinculados al poder político, como Lázaro Báez, Ricardo Jaime y José López, entre otros.
LA DEFENSA, TAMBIÉN EN CRISIS
Un ex funcionario de la administración K se repite la pregunta: ¿qué rol deben ocupar las Fuerzas Armadas en un país sin hipótesis de conflicto activas? “Si no son necesarias, hay que analizar si son prescindibles”, asegura ante BigBang. La desaparición del submarino ARA San Juan puso en evidencia el mal estado en el que se encuentra el material de las fuerzas, y ventiló cierto malestar presidencial con los jefes de las armas.
De hecho, la decisión de modificar los mandos de las fuerzas ya estaba tomada y el objetivo era implementarlos antes de fin de año. Ahora, en el Poder Ejecutivo aseguran que los cambios se implementarían una vez que se finalicen las tareas de búsqueda del submarino. El malestar fue porque creen que el jefe de la Armada, Marcelo Srur, ocultó información en las primeras horas de búsqueda.
Sin embargo, los cambios en la conducción alcanzarían a las tres armas: además de Srur, sería reemplazado el jefe de la Fuerza Aérea, Víctor Amrein, y del Ejército, Diego Suñer. Quien permanecería en el cargo es Bari del Valle Sosa, el jefe del Estado Mayor Conjunto.
Desde el fin de la guerra de Malvinas, los sucesivos gobiernos redujeron al mínimo el gasto militar, del 2,16 por ciento del PBI que representaba en 1982 al mínimo del 0,87, que representó en 2011. Para el ex jefe del Ejército durante la gestión de Carlos Menem, Martín Balza, existe una “responsabilidad política sustancial” en la crisis que atraviesan las fuerzas, y cuestionó que desde la recuperación democrática los sucesivos ministros de Defensa “no se ocuparan de las fuerzas armadas”.
El ARA San Juan llevaba 44 tripulantes abordo.
Balza lamenta la falta de un sistema integral de defensa. Cuestiona la versión de que la Argentina no tenga “hipótesis de conflicto”. “Lo que no tiene es hipótesis de guerra. Pero sí se debe proteger al Estado y los intereses estratégicos. Sí hay hipótesis de conflicto, en un terreno como la Patagonia, que representa el 30 por ciento del país con el 5 por ciento de la población, una Patagonia indefensa, que tiene reservas de carbón, petróleo, uranio”, analizó el ex jefe del Ejército en diálogo con BigBang.
Además, rechaza y descarta que deban ser disueltas las fuerzas armadas, o reconvertidas bajo un rol que las agrupe junto con las fuerzas federales de seguridad. “Nunca hubo un sistema integral de defensa, donde intervengan las fuerzas armadas y otros protagonistas del poder nacional”, criticó. “Tendría que haber un sistema integrado para analizar qué hay que proteger, consensuado con las principales fuerzas políticas. Se debe proteger al Estado y los intereses estratégicos”, insistió.
Sólo en el caso de la Armada, hubo varios episodios que se suman al trágico final del ARA San Juan en los últimos años: hundimiento de un buque que se encontraba amarrado y sin mantenimiento en Mar del Plata y fallas técnicas en corbetas y destructores que impidieron llevar a cabo operaciones. En el Gobierno destacan la reciente inversión de material militar que requirieron unos $100 millones, como la compra de aviones Super Eternard Modernise y reequipar los A4 que se encontraban fuera de circulación.
EL ESTIGMA DE PERTENECER
Para Rodríguez Alzueta existe un imaginario de lo que representa pertenecer a una fuerza de seguridad. Por eso, asegura que existen prácticas que se han hecho carne en las agencias de seguridad, como actuar de manera discrecional. “Hay concepciones heredadas de la politización que sufrieron”, remarcó. Siempre, pero sobre todo en los últimos años, existió un uso político de las fuerzas. “Se crearon a imagen y semejanza del Ejército”, dice el abogado e investigador.
La Escuela de Mecánica de la Armada (Ex ESMA), funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura.
En este sentido, dice que se “aprende” a ser policía - o gendarme o prefecto - mucho antes de llegar a la escuela de la Policía. “Las academias sólo activan un imaginario con el que llega un joven, después de haber visto películas o series de TV”, agrega.
En el caso de las Fuerzas Armadas, opina Balza, ese estigma es aún más complejo debido al oscuro accionar que tuvieron durante la última dictadura cívico militar. “Hay un odio arraigado a las fuerzas armadas”, asegura. “Llevamos más de treinta años de democracia y no se logró superar el trauma. Se ve el odio. Leí '44 menos' por los submarinistas y no tiene nada que ver. No hay que exacerbar el odio con las fuerzas”, señala a BigBang.
