El 25 de noviembre de 2010, el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionó la Ley de Salud Mental (26657), la cual fue promulgada el posterior 2 de diciembre de dicho año. La misma tiene por objeto asegurar "el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos" de todos aquellos que padezcan alguna patología mental.
Para cumplir dicho objetivo, la ley disponía el cierre de los llamados monovalentes, clínicas y hospitales psiquiátricos para un plazo de 10 años, es decir, para el pasado 2020. Por tal motivo, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, prohibió en diciembre de 2020, a través de una resolución, las internaciones en neuropsiquiátricos dejando a los pacientes sin lugares apropiados para su atención.
De hecho, muchos de ellos fueron a parar a las casas de sus familiares más cercanos, sin contar con el cuidado profesional -valga la redundancia- que necesitan ciertas patologías de salud mental. Para ser claros, la Ley de Salud Mental prohíbe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados y contemplaba el cierre de todos estos establecimientos para el 2020, sin ningún tipo de contención para los pacientes.
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Días atrás, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se convirtió en tendencia y fue víctima de las crueles burlas de los internautas al no poder pronunciar la palabra "desmanicomializar" durante en el acto que compartió con Cristina Fernández de Kirchner para inaugurar obras de ampliación del Hospital pediátrico de La Plata, Sor María Ludovica. Allí, el funcionario se mostró conforme con la implementación de la Ley de Salud Mental.
El objetivo de la desmanicomialización es transformar los dispositivos institucionales, considerando el sistema custodial y el cuerpo de ideas que lo constituyen una negación de los principios y derechos elementales de la condición humana. La palabra se emplea para dignificar la atención de la salud mental; implementar internaciones cortas en hospitales generales o centros de salud mental; procurar la atención ambulatoria, domiciliaria; recuperar los lazos familiares y sociales de los internados; convertir el “manicomio” en un hospital general con un área de salud mental; es buscar nuevas alternativas de tratamiento y ejercer el derecho a consensuar un tratamiento adecuado.
En palabras del gobernador bonaerense, es “dejar de estigmatizar, perseguir y marcar a aquellos que tienen estas dificultades”. Lo cierto es que la Ley implicaba también el aumento presupuestario, readecuación y creación de nuevos dispositivos para la atención de los pacientes. Algo que no ocurrió, a pesar de que Gollán ya prohibió las internaciones en neuropsiquiátricos.
La Ley de Salud Mental condena a los hospitales neuropsiquiátricos y a los monovalentes, sin entender el complejo cuadro de algunos de los pacientes. El artículo 27 de la Ley dispone que “las internaciones de salud mental” deberían “realizarse en hospitales generales”. Lo que al parecer ignora la ley, es que al prohibirse los monovalentes, las personas con patologías vinculadas a la salud pasan a vivir en geriátricos, generando una convivencia incómoda con personas sin patologías.
Sin mencionar que en dichos lugares, tal y como puede llegar a ocurrir en un domicilio familiar, los pacientes no tienen atención especializada. Marisol Palumbo es una de esas tantas voces que la Ley busca ignorar y que reflejan la cruda realidad que viven los pacientes psiquiátricos a partir de la implementación de esta nueva norma que busca abolir el plano psiquiátrico de este país.
Marisol superó la vergüenza que le generaba contar algo que para ella es muy íntimo y familiar, superada por la situación actual causada por la Ley de Salud Mental. "Hoy echaron a mi tío -esquizofrénico severo de 75 años- de la clínica donde estaba internado. Necesita atención especializada las 24 hs y no se va a curar nunca. Pero PAMI, bajo la Ley de Salud Mental, lo externó sin notificar y lo dejó en la puerta de la casa de mi padre", contó a través de las redes sociales.
Su tío es Juan Palumbo, padece una esquizofrenia diagnosticada desde hace 50 años que fue evolucionando hasta el punto de convertirse en severa. "Los brotes son incontrolables y nadie tiene la culpa de que pase. Mi tío tuvo convulsiones cuando estuvo internado, es un hombre grande y tuvo que ser tratado en un hospital. ¿Cómo hace mi papá para controlarlo si le vuelve a ocurrir?", se preguntó.
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En diálogo con BigBang, Marisol destacó que al mismo momento en que Kicillof resaltaba el avance de la Ley, su tío era desalojado de la clínica que lo cuidaba por orden de PAMI. "Esta ley no es nueva, pero no tuvo mucha difusión y la gente que no está en contacto con el tema no la entiende. La sacaron bajo el contexto de que a la gente con problemas de salud mental las internan en una especie de cárcel. Pero esto abarca a pacientes con patologías re complicadas", destacó.
PAMI (Programa de Atención Médica Integral) decidió no renovarle la internación a Juan, la cual reanudaban cada tres meses. "Mi tío es un tipo de brote en brote. Es una enfermedad degenerativa, no tiene cura y tiene 75 años. Estaba en una clínica que tenía convenio con PAMI, pero no le renovó la internación. No le dieron tiempo a mi viejo de hacer los trámites que se lo llevaron a la casa", contó.
Actualmente, Juan se encuentra al cuidado de su hermano Mario, quien a pesar de sus 70 años se esfuerza en atender a su hermano. Ambos vinieron desde Italia, Juan de la mano de sus padres y Mario en la panza de su mamá. Su vínculo trasciende más allá de toda enfermedad y acá el dilema no radica en que Mario no pretenda cuidar de su hermano. Todo lo contrario, lo hace y con gusto a pesar de su edad. Pero Juan necesita de cuidado profesional y constante.
De acuerdo con Marisol, padece una esquizofrenia severa y la rutina que forjó en el establecimiento donde era cuidado "es muy importante" para que no surjan brotes. "Lo ayudaba a estabilizarse. La rutina tiene que ver con las comidas, siesta caminatas o charlas. La ley dice que si sos familiar, lo tenés que cuidar, pero hay patologías que requieren 24 horas de cuidado y una tonelada de medicación", advirtió.
Y continuó: "Por esta ley no lo podíamos mantener internado más de tres meses seguidos. Como mi tío no puede vivir con otras personas por su patología, PAMI le iban renovando su internación cada tres meses. Pero esta vez no se lo renovaron y no sabemos el por qué. Mi tío no podría estar en un hospital porque no todos tienen residencias. No existe eso, cuando la Ley habla de hospital general es difícil de entender. No tiene mucho sentido".
Indignada, afirmó que la Ley de Salud Mental establece que cualquier persona está capacitada, tan solo por el hecho de ser familiar, para administrar "una tonelada de medicación diaria" y atender circunstancias recurrentes como brotes psicóticos, alucinaciones, problemas de movilidad y convulsiones. "Mi tío sufrió sobremedicación, ataques y confusiones que tienen que ver con la patología y no lo hace de malo. Los ruidos lo alteran y se ponen mal", explicó.
Y con respecto a que sea su papá el que deba cuidarlo a los 70 años, aclaró: "Es el hermano. Es una situación de angustia grande porque nadie quiere internar a un familiar, es un punto que separa la emoción del deber para que el otro esté mejor. Acá mi tío necesita gente que lo sepa cuidar y le sepa administrar la medicación, que es bestial y realmente numerosa. ¿Qué pasa si mi papá un día se confunde y le hace daño?".
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Desde PAMI, le pidieron a Mario que hable con una asistente social y que, con su jubilación, pague un instituto privado. "Todavía no le dieron ninguna solución. Se amparan en la Ley, pero no creo que haya malicia. Hay sociedades de psiquiatras y psicólogos que cuestionan la ley porque te deja en un lugar de que sos un carcelero que abandonas a tu familiar porque no te querés hacer cargo. Y esto realmente no es así", concluyó.
La Ley de Salud Mental evoca el Consenso de Panamá, surgido de la Conferencia Regional de Salud Mental convocada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por la OMS, cuyo lema fue “por un continente sin manicomios en el 2020”. Pero existen claros casos donde la internación domiciliaria terminó de la peor manera: por ejemplo, en marzo de este año una mujer de 73 años llamó al 911 luego de que su hijo, un hombre de 45 años con una grave enfermedad psiquiátrica, la agrediera y amenazara con un cuchillo. El paciente fue sedado por personal médico del servicio de Emergencias de Lomas de Zamora.
Si bien la mujer les rogó se lo llevaran a un hospital, los efectivos se negaron. Mientras los efectivos estaban en la puerta del domicilio para irse, la jubilada roció a su hijo con alcohol y lo prendió fuego. El hombre padece de esquizofrenia paranoide y debido a que no tomaba su medicación, ay que no contaba con el cuidado de profesionales, se tornó cada vez más agresivo con su madre.
Otro caso que cobró gran notoriedad en el último tiempo fue el asesinato de Juan Pablo Roldán, el inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) de 33 años, que fue asesinado de cuatro puñaladas en el barrio porteño de Palermo en septiembre del año pasado por Rodrigo Facundo Roza, de 51 años, que vivía en situación de calle y padecía una enfermedad psiquiátrica. Todos ellos, víctimas de la llamada desmanicomialización.