por Natalia Torres
26 Febrero de 2018 14:11
El bienvenido debate sobre el derecho al aborto libre, seguro y gratuito no va a resolver una cuestión que décadas de debate biológico y ético no han solucionado: el momento en el que comienza la vida.
La demanda social dio a luz una discusión necesaria.
Pero sí hay un dato ineludible: el establecido por el Código Penal argentino. Allí, el aborto no es punible si se efectúa para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre -y si este peligro no puede ser evitado por otros medios- o si el embarazo proviene de una violación "o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
Así, el hecho de que la interrupción del embarazo sea legal en ambos casos apunta a una dirección clara: que la supervivencia del embrión no es el punto del debate. Si efectivamente lo fuera, si el argumento cristiano de la sacralidad de la vida fuera la guía absoluta, el aborto no se permitiría en ningún caso.
Es aquí cuando se abre otra conclusión. Y es que lo establecido por el Código Penal implica que los privilegios civiles que se le deben a un embrión jamás podrán ser las mismos que los de un un cuerpo gestante adulto.
De esta manera, la discusión debe girar obligatoriamente al terreno de la salud pública, allí donde danzan tanto las muertes maternas por abortos mal practicados como los millones que genera la industria clandestina de la interrupción del embarazo.
Esa cantidad enorme de dinero podría reducirse al mínimo si el procedimiento se practicara en condiciones de legalidad y salubridad, que evitarían a las y los gestantes terminar en hospitales con consecuencias físicas varias o, peor aún, en una morgue. Es a ellas y ellos a quien debe inclinarse el beneficio de cualquier medida.
