Ley de Salud Mental: qué dice, las críticas que recibe y en dónde falla

Aunque nadie que lea esto pueda negar que la salud mental es indispensable para el bienestar de cualquier ser humano, pocas veces se le da al tema la importancia que merece. Es una cuestión silenciada, que cada tanto aparece en los medios por un “famoso” involucrado en un incidente. Un incendio con una víctima fatal, en el caso de Felipe Pettinato, o Chano Charpentier internado en el Otamendi por intentar apuñalar a un policía y recibir un tiro en la panza. 

Los dos padecen enfermedades mentales, y son sus familiares los que alertaron a la sociedad sobre el déficit que padece la Argentina en esta materia. Según el psicólogo clínico Diego Quindimil (Matrícula Nacional 22972), a pesar de las circunstancias “siempre que haya un debate sobre la salud mental es una buena noticia, porque sirve para poner arriba de la mesa las dificultades reales de la ley”. Y agrega: “Hablar del tema es algo pertinente y necesario, porque hay un estigma con la salud mental, y de eso habitualmente no se suele hablar. Entonces, como decimos los psicólogos: lo que no se dice se actúa”.

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Diego es también consultor en RRHH, coach ejecutivo y autor del libro "Mundo post Covid. La psicología del trabajo tras la pandemia". Desde BigBang acudimos a él para consultar por la Ley de Salud Mental y profundizar sobre las dificultades que denuncian los familiares de los pacientes mentales.  

El espíritu de la Ley de Salud Mental

El doctor explica que el espíritu de la ley como fue escrita, tiene como objetivo aplicar las teorías que se usan en muchos países centrales y devolver los derechos humanos a los enfermos con padecimiento psiquiátricos o los de consumos problemáticos. Y explica: “Para eso, lo que hizo esta ley actual a diferencia de la ley anterior, fue volver a poner en derecho como ciudadanos a aquellas personas que atraviesan estas situaciones difíciles, que en algunos casos son agudas y en otros casos son crónicas, es decir, algunos casos son enfermedades mentales inhabilitantes y otros no”.

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Otro de los aspectos de la ley, destaca Quindimil, tiene que ver con la desmanicomialización, o sea sobre "la posibilidad de cerrar los neuropsiquiátricos porque se creía que en la mayoría de los casos los pacientes no tenían tantos problemas psiquiátricos como problemas sociales". O en otras palabras: “Son personas depositadas ahí, porque la sociedad no puede darles un lugar de contención para que se vuelvan a reinsertar una vez que hayan atravesado la situación psiquiátrica que tienen por padecimiento”. Luego se explaya:

“Los manicomios muchas veces se transformaron en depósitos de seres humanos, porque el Estado no podía brindarles un mejor lugar para que se reinserten en la sociedad. En este sentido, es un ejemplo parecido al de la cárcel. Se supone que la cárcel tiene que ser un lugar de resocialización y la gente que entra a la cárcel termina peor cuando egresa”.

El psicólogo asegura que “el estigma social que le queda a una persona que está en un neuropsiquiátrico lo hace también de difícil reinserción”, y explica que por este motivo “lo que se propone es la descentralización de los neuropsiquiátricos, y que las personas que padecen enfermedades mentales, en lugar de estar encerradas, estén internadas en hospitales generales que tienen que estar acondicionados para poder dar respuesta a estas situaciones”.

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Es la economía, estúpido

Por supuesto, una cosa es el espíritu de la ley y otra cosa es la implementación de la misma. “Por falta de presupuesto y falta de recursos, la ley no se terminó de implementar”, explica.

"A mi criterio, el problema mayor no es tanto la ley, sino no tener ni los recursos que requiere la salud mental, ni los dispositivos para contener a los pacientes, ni tampoco la prevención, el acompañamiento ni el seguimiento de aquellas afecciones. Con lo cual, para poder implementar esta ley y que pueda ser efectiva tenemos que dedicarle los recursos necesarios. Económicos y humanos".

-¿En esa materia cómo está Argentina?

-Si bien en Argentina, a diferencia de otros países, contamos con muy buena formación de los recursos humanos, no contamos con tantos recursos económicos. No sólo en la salud pública. Pasa lo mismo en la privada. Por otro lado, la pandemia vino también a complejizar todo esto, porque no solamente provoca un impacto en la salud física, sino también en la mental. La pandemia vino a generar un conflicto mayor aún en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud.

-¿Qué otras críticas se le hacen a la ley?

-Las críticas a la ley tienen que ver por un lado con la internación involuntaria. En general, los pacientes no se quieren internar por propia voluntad, aunque eso sería lo mejor que le podría pasar a alguien, que tenga conciencia de esa enfermedad. Muchas veces, lo que sucede es que la mayoría de los pacientes es que no tienen conciencia y entonces no se internan voluntariamente. 

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-¿Cómo se interna a un paciente contra su voluntad?

-Para internar involuntariamente a un paciente se requiere que un equipo interdisciplinario evalúe al paciente y que en la medida de que el equipo así lo considere, este paciente quede internado involuntariamente. Lo que pasa es que, si bien se puede internar involuntariamente, antes de las 48 horas hay que darle lugar a la Justicia y un juez tiene que determinar si este paciente va a seguir internado o no. El 80 por ciento de las internaciones son involuntarias. Desde la perspectiva de lo burocrático, requiere del equipo interdisciplinario y la aceptación judicial de esta internación. Esto es parte de la complejidad.

-¿Es muy compleja la burocracia? ¿Tiene sustento esa dificultad?

-La ley de salud mental está cuestionada sobre todo por casos como los de Chano y los de Felipe Pettinato, justamente por que no es tan fácil internar involuntariamente a alguien. Hay que hacer todo un proceso para que esto suceda. Precisamente porque en la ley anterior había decisiones inconsultas respecto del paciente. Hubo muchos casos en donde se internaron personas que no necesitaban ser internadas para expropiarlo de su decisión o expropiarlo de sus bienes económicos. Es decir que se declaraban casos de insania para sacarle los bienes o los derechos a una gran cantidad de pacientes.

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-¿Cómo es el acompañamiento que otorga al Estado a los padecientes de enfermedades mentales?

-La crítica tiene que ver también con eso. Cuando alguien interna a un paciente debería funcionar como cualquier otra enfermedad. ¿O voy al médico, me extraen un tumor y me mandan a mi casa a hacer mi vida normal? Eso no es lo adecuado. Lo adecuado es que si a mí me internan, luego haya un lugar de contención y de seguimiento. Entonces, al no tener en la salud pública y en la salud privada recursos para dar toda esa contención, ahí es donde muchas veces aparecen las reinternaciones, las recaídas y todo este tipo de problemas que aparecen en estas situaciones como estos dos casos que estamos mencionando.

-¿Cuántas personas padecen enfermedades mentales en Argentina? ¿Hay un número?

-En términos generales, hay algunas estadísticas que dicen que 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida sufren algún padecimiento que tiene que ver con la salud mental. Pero es una estadística muy general. Como dije antes, la pandemia incrementó las afecciones de la salud mental, como la ansiedad, el estrés, los ataques de pánico o las depresiones. Al ser un hecho disruptivo, la pandemia tiene el potencial de ser una situación traumática para todos. De ese impacto que dejó en la población hablo en mi libro “Mundo Post Covid”.