Mientras que los cantos de sirena de La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña electoral que dejó a Javier Milei como presidente afirmaban que "la casta" era la que iba a pagar el ajuste, los meses al mando de la gestión nacional con esta nueva fuerza, demostraron que no era más que una consigna vacía. La última definición que tomó el Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM), respecto a quitar los límites a los aumentos de los servicios de internet, telefonía celular y televisión por cable, es una muestra más de esta realidad.
La decisión fue notificada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, firmado por los interventores del organismo Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra. La ordenanza da por tierra a una anterior, la del el DNU 690/2020, que establecía que el máximo de los aumentos estaba entre un 5 y un 10 por ciento mensual. La decisión logrará que las empresas de estos rubros no tengan ningún tipo de límite a la hora de incrementar las facturas de los servicios que ofrecen.
"Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación", asegurá el DNU, en un considerando que es lo más cercano a un "control" estatal ante una posible escalada de precios. Lo cierto es que la normativa sólo depende de la buena voluntad de estas empresas, siempre caracterizadas por incrementar precios de forma permanente.
La vigencia de las nuevas posibles tarifas es de acuerdo a la fecha de publicación del decreto, por lo que quiere decir que los aumentos llegarán con las tarifas desde julio. "El DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados", analizaron en el texto.
"Resulta necesario proveer los medios necesarios con el fin de lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas reinantes. Es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida", aseguraron en el decreto.
La liberación de precios llega en un mal momento para los hogares que cuentan con tales servicios. Es que, según un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) que analiza la situación de la conectividad en el país, un 67,5 por ciento de los hogares locales debieron reducir su servicio de Internet. La cifra que lo hizo con la TV por cable es bastante similar: 65,3 por ciento.
De acuerdo a los datos del CABASE Internet Index, estos cambios de los usuarios son a partir de darse de baja de los servicios para adquirir otros más económicos o, directamente, fruto de negociaciones con los proveedores para conseguir algunos precios en promoción que reduzcan el monto de las tarifas.
Otro dato revelador de la encuesta fue que de acuerdo a los ingresos promedios de los hogares, la tarifa de Internet cuesta un 4 por ciento de los ingresos del hogar. En la anterior medición, realizada en septiembre de 2023, eran del 3 por ciento, lo que equivale a una tercera parte más del costo total. La casta iba a pagar el ajuste y los ciudadanos iban a ser libres. Aunque no hay un dato de la economía que pueda afirmar esa supuesta intención.