La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó esta tarde liberar a "Belén", nombre con que se conoce a la joven de 27 años que estaba detenida desde marzo de 2014 acusada de haber asesinado a su hijo.
Con la firma de Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse, el máximo tribunal provincial anuló la prórroga de prisión preventiva decidida por los tres jueces de la Sala III de la Cámara Penal el 19 de abril pasado y consideró que no se constataron los requisitos de riesgo procesal.
Además, señaló que la gravedad de la condena (aún en revisión) no es fundamento para el encarcelamiento preventivo. Los jueces que la sentenciaron aseguran que tuvo a su bebé en un baño del hospital Avellaneda y que lo asesinó arrojándolo a un inodoro.
Las manifestaciones por Belén se multiplicaron.
Sin embargo, la defensa de Belén afirma que se trató de un aborto espontáneo y que la joven es víctima. Sostienen que el Estado, a través de los servicios médicos y los operadores judiciales, sometió a la joven a malos tratos y humillación. Denuncian que los médicos la sometieron a violencia obstétrica, no guardaron el secreto médico ni la confidencialidad y la Justicia primero le dictó prisión preventiva y luego la condenó en un proceso irregular, sin respetar el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio.
El ministro fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez, se había pronunciado dos veces por el cese de la prisión preventiva y por la anulación de la condena de "Belén", la joven cuya verdadera identidad se mantiene en reserva.
El viernes pasado, grupos feministas marcharon en todo el país.
Según informó La Gaceta, el máximo tribunal de la Provincia dispuso que las actuaciones vuelvan a la Sala III de la Cámara Penal, que emitió el fallo condenatorio, para que instrumente la liberación efectiva de Belén. Luego, la Corte deberá resolver la cuestión de fondo.
La semana pasada una movilización en todo el país había reclamado la "Libertad para Belén", una consigna que comenzó a ser planteada por grupos de mujeres feministas y se expandió hasta lograr el apoyo de actrices como Dolores Fonzi y trascender las fronteras de la Argentina.
Dolores Fonzi reclamó la libertad de la joven en la entrega de los Premios Platino.
"La movilización nacional del viernes pasado logró demostrar cómo iba creciendo el apoyo popular a esta causa que tiene que ver con la defensa de las mujeres y de los derechos de la mujer. Es poner un freno a la criminalización que lleva adelante el gobierno nacional y también el gobierno provincial de Mansur junto con la Iglesia Católica", dijo a Bigbang la diputada nacional del FIT Soledad Sosa, quien visitó a Belén en la cárcel de Tucumán.
Desde la cárcel, la semana pasada propia "Belén" había dado a conocer una carta titulada "¿Buscan culpables o buscan justicia?"
"En esta sociedad muchas veces para ocultar algo buscan alguien a quien echarle la culpa. Señalan con el dedo a personas que no pueden defenderse y se las acusa. No se las escucha. Son culpables por su cara, por su ropa, por ser pobres o por ser mujer como yo", escribió.
Y después agregó: "A nadie le importó lo que yo tenía para decir. Yo dije mi verdad, pero nadie me escuchó. Me creyeron culpable apenas me vieron. Todos han hablado de mí como si yo fuera un monstruo".
Se reunieron miles de firmas por su libertad.
La abogada defensora de Belén, Soledad Deza, contó en reiteradas oportunidades que la joven llegó a un hospital público de Tucumán para que la atendieran por un dolor de panza. "No sabía que estaba sufriendo un aborto, que fue anotado en su historia clínica como “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”, dijo la abogada que pertenece a la asociación Católicas por el Derecho a Decidir.
"Su recorrido desde que llegó al hospital muestra las violaciones de derechos que sufrió por parte del Estado, que incumplió una a una sus obligaciones de respeto, protección y garantía de sus derechos humanos. Belén salió del hospital hacia una cárcel. Hace más de dos años que está presa, con prisión preventiva."
La abogada de Belén, Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir.
A fines de abril fue condenada a ocho años por "homicidio agravado por el vínculo". El fallo de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán basaba parte de sus argumentos en que la defensora oficial de Belén no cuestionó los hechos que se le imputaron, antes que en la existencia de pruebas.
Diez organizaciones de derechos humanos como el CELS, la APDH y Aministía Internacional se presentaron en julio pasado como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que se revierta la condena de Belén y se garantice su libertad incondicional e inmediata.
"La política penal del Estado argentino mantiene una matriz discriminatoria que condiciona el acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y pobres. En la Argentina el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que implica riesgos para la salud y la vida. En los últimos treinta años, las complicaciones derivadas de abortos inseguros son la primera causa de mortalidad materna. En base a esas desigualdades, insistimos en la necesidad de aborto legal, seguro y gratuito", sostenía el comunicado de las organizaciones.
El 15 de julio pasado, finalmente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus Observaciones finales sobre la Argentina indicó que el Estado "debe revisar el 'caso de Belén', a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto".