27 Julio de 2022 16:37
Tras el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa por espionaje a los familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, la querella mayoritaria pidió la intervención al relator especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García Sayan.
Sobre la nueva presentación, la representante legal de los familiares de los submarinistas, Valeria Carreras, afirmó: "Hemos realizado una presentación al relator pidiendo su intervención. En base a la excepción prevista por dicho organismo internacional, que permite articular el pedido de justicia, sin agotar la vía judicial en la Argentina".
Y explicó sobre la estrategia legal realizada y las razones para llevarla adelante: “Los familiares pidieron intervención al organismo internacional fundados básicamente en la inexistencia de justicia viable para la víctimas en nuestro país".
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En tanto, completó sobre lo que sucedió en la Justicia: "Hemos detectado en el fallo del sobreseimiento, groseros errores jurídicos y arbitrariedad manifiesta en la omisión de hechos y cita sesgada de la prueba que serán parte no solo del recurso de casación sino parte de la denuncias y presentaciones internacionales".
El 15 de julio, la Cámara Federal sobreseyó al ex presidente Mauricio Macri y al resto de los imputados en la investigación, que eran autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas en el hundimiento del submarino ARA San Juan, que desapareció en noviembre de 2017.
El procesamiento lo había dictado el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava pero luego el caso pasó a los tribunales federales porteños y el Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002 revocó esa decisión y sobreseyó al expresidente.
Esta decisión será apelada por la querella ante la Cámara Federal de Casación cuando finalice la feria judicial de julio y se reanude la actividad judicial el próximo lunes 1 de agosto. El falllo dictado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dejaron sin efecto el procesamiento contra Macri, que había sido decidido por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en diciembre de 2021.
En la causa, Bava también había procesado a los directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani junto con otros funcionarios de peso de su gestión: los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el exdirector de Reunión Eduardo Winkler y el jefe de la base Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez. A ellos se sumaron cinco agentes que hacían tareas.
Según la investigación de Bava, el espionaje se había desarrollado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, cuando el Gobierno de Macri informó que el submarino había sido encontrado. Eso constaba por diferente documentación que halló la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño, que denunció el caso en septiembre de 2020. En los documentos encontrados en la base Mar del Plata de la Ex SIDE, había informes sobre familiares y fotos de los seguimientos que realizaban los agentes. De manera insólita, para Comodoro Py ese material no sirvió de nada.
Según fuentes judiciales, para la Cámara no se cometió ningún tipo de delito. “En las avanzadas que se hicieron se cuida el entorno completo de la seguridad presidencial, como sus movimientos y de quienes se acercan al presidente”. Y finalizaron: “Hay inexistencia de delito. La información respecto de la seguridad de infraestructura crítica del Estado, como lo es, entre otras cosas, el Presidente de la República, es una tarea obligada de las fuerzas de seguridad y de los Agentes de Inteligencia que trabajan en la AFI”.
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Y finalizaron sobre las tareas que realizaron los seguimientos que realizaron sobre los familiares de los submarinistas que murieron en el mar: “Las conductas de los agentes se encuentran justificadas por el conjunto de normas que garantizan su cuidado. Encontrándose probado que ninguna de las acciones investigadas en esta causa sobrepaso esos permisos legales”.
En ese contexto, la defensa de Macri nunca negó las tareas sino que explicaron que la AFI realizó para cuidar al presidente y por eso llevaron adelante la denominada “avanzada presidencial”, con el objetivo de reconocer el terreno. Lo extraño es que uno de los informes realizados por la AFI fue enviado antes de un encuentro que Macri mantuvo con los familiares de las víctimas y habían marcado las posturas de cada pariente contra el Gobierno Nacional.
En su fallo, explicaron: "Los informes que conforman los hechos de reproche se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales, entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior. Ello, frente a cualquier riesgo, como por ejemplo la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o residencia, todo lo cual resulta atendible dentro de los propósitos que inspiran a la inteligencia en este ámbito".
Y finalizaron: "Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas".
