05 Mayo de 2020 14:14
La Procuraduría Penitenciaria Federal asegura que siete de cada diez personas que salieron con prisión domiciliaria en las cárceles federales estaban detenidos por delitos relacionados con drogas.
La PPF también indica con precisión cuál es la cantidad de detenidos que recibieron la prisión domiciliaria desde que comenzó la pandemia: 688, de los cuales menos de la mitad (314, apenas el 45%) salieron con arresto domiciliario por el Covid-19. Las cifras desmienten con contundencia la supuesta "liberación masiva de presos", sobre todo cuando nos referimos a delitos graves.
Según el relevamiento de la PPF, hay alrededor de 14000 detenidos en las prisiones federales. La PPF, que es un organismo de control, cuestiona los datos del Servicio Penitenciario Federal, para el cual no hay sobrepoblación en las cárceles federales.
"La administración penitenciaria altera arbitrariamente los cupos de alojamiento declarados de los distintos establecimientos penitenciarios y una simple cama no equivale a una plaza carcelaria sino que hay que garantizar unas condiciones mínimas de alojamiento en cuanto a espacio vital, ventilación, higiene y acceso a derechos. Hay muchas cárceles en las que resulta imposible adoptar medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus, en particular Devoto, que tiene niveles de hacinamiento muy graves", denuncian..
La procuraduría asegura que "la pandemia por Covid-19 conlleva una emergencia de salud pública sin precedentes, y las cárceles constituyen uno de los lugares de mayor riesgo por concentrar una gran cantidad de población en espacios cerrados y en condiciones deficientes de salubridad e higiene, más aún en los países de la región latinoamerican, con situaciones de hacinamiento extremas". La PPF remarca que "ello ha sido señalado por muchos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, la Organización Panamericana de Salud, entre otras", y que son tales organismos los que han recomendado a los países que los integran "la urgente reducción de la población detenida para evitar una catástrofe en términos humanitarios y de salud pública".
En el documento enviado a BigBang, la PPF explica que "desde la declaración de la pandemia por parte de la OMS en el mes de marzo pasado muchos países han reducido su población carcelaria mediante intervención de distintos poderes del estado. En la Argentina se asumió que la solución debía ser judicial, correspondiendo a los distintos jueces y tribunales revisar la prisión preventiva o las condenas a penas de prisión de las personas privadas de libertad en situación de mayor riesgo y sustituir el encierro carcelario por arresto domiciliario en casos de delitos menores no violentos".
La PPF concluye recomendando especialmente "que los jueces revisen las disposiciones de encarcelamiento de las personas detenidas por delitos menores conforme las acordadas de las cámaras de casación y las recomendaciones internacionales, y sustituyan temporalmente el encierro carcelario por arresto domiciliario, a fin de evitar comprometer la salud pública en las cárceles y en la comunidad en general".
