16 Febrero de 2017 07:10
Un fallo judicial de 2016 prohibió a las inmobiliarias cobrar comisiones superiores al 4,15% del total del contrato pero la normativa pocas veces se cumple. Sin embargo, los inquilinos son sometidos a prácticas irregulares con las que los operadores intentan suplir las pérdidas económicas de la resolución de la justicia porteña.
Carteles con alquileres, una postal repetida en la Ciudad.
Un relevamiento de BigBang, en el que se consultó a inquilinos, abogados y referentes de agrupaciones que denuncian los abusos de las inmobiliarias en la Ciudad comprobó graves irregularidades cometidas por parte de quienes ofician de nexo entre el dueño y el arrendatario.
En este contexto, la principal anomalía se detecta en los gastos administrativos. Es que ante la imposibilidad de cobrar dos meses de comisión, las inmobiliarias llegan a percibir por el pedido de informes y certificaciones de firmas valores superiores a los $6.000 cuando el trámite tiene un valor promedio de $450.
Las inmobiliarias de la Ciudad, en la mira.
Así lo explica a este sitio Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, quien asegura que “algunos operadores han cobrado hasta $8.000 para certificar una firma y pedir informes, es un abuso de poder porque saben que el inquilino depende de ellos”.
Muñoz, a la izquierda, denuncia las prácticas fraudulentas de las inmobiliarias.
Esta es la anomalía más común y grave, ya que no se estaría respetando un fallo judicial que beneficia a los más de 900 mil inquilinos que habitan en la Capital Federal, un territorio en donde el 90 por ciento de los alquileres se encuentra bajo la órbita de las inmobiliarias y sólo el diez restante corresponde a dueños directos.
Incluso, una vez, que el contrato finaliza y el inquilino entrega las llaves del departamento, los problemas continúan. Son cientos los casos en que las inmobiliarias no devuelven el depósito inicial con el fin de que los inquilinos, cansados de los reclamos, desistan y no exijan más el dinero. En otros casos, reclaman el pago de elementos que los inquilinos aseguran no haber roto.
Denuncia y carta documento
BigBang tuvo acceso a un caso en el que se produce esta situación. El abogado Hernán Mackiewicz, y su cliente, cuyo nombre este medio se reserva, preparan una demanda civil y otra penal contra la inmobiliaria de la arquitecta Adriana Streger debido a la no entrega del dinero correspondiente al depósito inicial, una vez que el contrato finalizó el 31 de octubre de 2016. Una estafa encubierta.
El abogado explicó a este sitio que se trata del contrato de prórroga sobre el inmueble ubicado en la calle O'Higgins al 2000, en la Capital Federal, vínculo que una vez finalizado, y luego de 60 días de haberse realizado la liquidación final, nunca se devolvió la suma de $8.500, a pesar de los reiterados reclamos.
Por ello el letrado apuntará contra la dueña del departamento, Etelvina Juliana López, además de la mencionada Streger, y en los colegios de profesionales para alertar de esta situación.
Una de las casas con las que trabaja Streger, denunciada penalmente por estafa.
Mackiewicz explicó: "Hay un abuso del derecho por la posición dominante de la Inmobiliaria ante el indefenso inquilino que obra de buena fe. Tal es el caso de Streger".
Lo que generalmente hacen es retrasar los pagos para que los inquilinos se cansen y nunca más reclamen. Los abusos de las inmobiliarias son moneda corriente", dice el abogado denunciante.
La página oficial de la inmobiliaria denunciada, a cargo de Adriana Streger.
Y agregó: "Lo que generalmente hacen es retrasar los pagos para que los inquilinos se cansen y nunca más reclamen. Los abusos de las inmobiliarias son moneda corriente, por eso en este denuncia, con mi cliente decidimos poner un freno a estos abusos y también denunciar en las entidades de profesionales para que tomen medidas disciplinarias, además de la denuncia correspondiente en los Tribunales".
Algunos contratos no se firman en frente del dueño.
Como si fuera poco, los abusos también llegan hasta situaciones particulares. En muchos casos, los inquilinos firman contratos en los que no figura el nombre, apellido, DNI, ni dirección del dueño de la propiedad. En oportunidades estos últimos lo firman una semana después, en una maniobra de la inmobiliaria que tiene como fin que el inquilino y el propietario no tengan contacto alguno.
Paradójicamente, el fallo establece que en caso de que un inquilino sea obligado a pagar dos meses de comisión, las multas para la inmobiliaria rondarán entre los $5 mil y $ 20 mil. Esto puede explicarse porque a diferencia de otros rubros, a las inmobiliarias no las alcanza la ley de Defensa de Consumidor de la Ciudad, con lo que sólo se puede reclamar vía judicial.
Para apalear estas prácticas, desde la agrupación que dirige Muñoz se presentó un proyecto en la Legislatura porteña para que la comisión corra por cuenta del dueño y se facilite el alquiler de un inmueble para aquellos que provienen del interior. La iniciativa busca que se utilice una garantía universal (sueldo o depósito bancario), y pedidos de informes gratis y certificaciones de firmas gratis.
