La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso este martes la "intervención plena" de Correo Argentino S.A. y el "desplazamiento total" de su directivos, que habían sido designados por Socma, la empresa de la familia Macri, hasta que concluya el proceso de cramdown o salvataje de la empresa.

Las medidas habían sido solicitadas previamente por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores.

Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza en lo comercial, se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el “conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos” y sembró “un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento".

En su fallo, la magistrada cuestionó "el proceder que viene evidenciando Correo Argentino S.A. en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración" y consideró que "resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero". “Noto que el comportamiento de la concursada en punto a las imputaciones en examen, sólo contribuye a la procedencia del planteo formulado por el Ministerio Público”, sostuvo la jueza en el documento.

La magistrada señaló además que la empresa ha respondido "parcialmente" y "a cuenta gotas" lo requerido por el coadministrador, y que "no controvirtió las imputaciones formuladas por la fiscal Boquín sobre una deuda con AFIP de nada menos que $600.000.000” de impuestos impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta".

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De este modo, el interventor tendrán plenas facultades para administrar Correo Argentino, lo que incluye además la fiscalización de las cuentas ante posibles maniobras de vaciamiento, las cuales ya fueron denunciadas por Boquín.

Qué pasa en la empresa

Las autoridades del Correo Argentino S.A. habían responsabilizado al Estado Nacional de haber provocado una situación de cesación de pagos y apropiarse de sus activos. Los representantes de la empresa sostuvieron que "no les resultaba posible suministrar tal información en razón de que habían sido desposeídos, en el año 2003, de sus registros informáticos y documentación respaldatoria".

Por su parte, Zannini y Boquín coincidieron sobre el "vaciamiento" de la empresa del Grupo Macri con irregularidades con "entidad suficiente" para perjudicar al Estado, principal acreedor del concurso. Por esto mismo, en su dictamen previo, Boquín había afirmado que durante 15 años el Correo Argentino S.A. "perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa" y que se valió de un "uso abusivo del procedimiento concursal" para defraudar la ley y los derechos de los acreedores.

Cuando pidió la intervención de la firma, la fiscal acusó a la empresa de la “presentación de acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo", “pago de cifras millonarias en concepto de honorarios”, “montos elevadísimos” como “anticipos al directorio”, lo que, según ella, no solo perjudicó a los acreedores sino también al accionista minoritario.

Además, la fiscal reseñó que el concurso fue iniciado hace casi dos décadas y recalcó que el régimen concursal “no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación”.