Hacía pocas horas, Viviana Canosa había decidido irse de América. A través de su cuenta de Twitter, la conductora denunció que Daniel Vila, el dueño del Grupo América, le había prohibido pasar al aire un informe sobre los escraches contra el ministro de Economía, Sergio Massa. Entonces, Mauricio Macri decidió que era una buena idea evocar la palabra “libertad de expresión” y apoyar a los periodistas o, en este caso particular, a Canosa.
Desde su cuenta de Twitter, el ex presidente afirmó: "No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad".
El tuit de Macri es, al menos, extraño y contradictorio. Sin dudas, perdió la memoria u optó por realizar un acto lleno de cinismo. Durante diciembre de 2015 y diciembre de 2019, es decir, bajo los cuatro años de su gestión, más de 4.500 profesionales de los diferentes rubros de la comunicación fueron despedidos. También hubo cierre de medios gráficos, televisivos y radiales. La censura era una constante en el día a día de los periodistas.
Por supuesto, hay que hablar de la persecución ideológica y gremial. Tras su asunción, los dueños y gerentes de los grandes medios de comunicación presionaron a diferentes trabajadores para evitar hablar de “corrupción” en el gobierno macrista. ¿Hay más? Sí. En el Decenas de trabajadores de prensa sufrieron la represión policial durante la cobertura de marchas en el gobierno de Macri, y también le armaron causas judiciales y llevaron a prisión a tuiteros por dar su opinión en la red social o por hacer chistes. También encarcelaron a los dueños del Grupo Indalo y desde el gobierno macrista mandaban a empresarios a hacer ofertas irrisorias para quedarse con la señal C5N y con radios.
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Adiós a la libertad de expresión
Apenas llegó al poder, Mauricio Macri se encargó de dejar en claro cómo sería su relación con el periodismo: si no estaban de su lado, estaban en su contra. Un ejemplo fue el despido de Darío Villarruel de Telefe, después de que le hiciera una pregunta al empresario durante su paso por AM, el ciclo que conducían Verónica Lozano y Leo Montero. Tras la asunción de Macri, el abogado y periodista fue despedido del canal.
La lista de medios que cerraron durante los primeros meses de la gestión macrista es enorme. Desde la Agencia de Noticias DyN, el portal Infojus, Miradas al sur, los diarios Buenos Aires Herald, El argentino, 7 días, La mañana de Córdoba a las revistas Semanario, Cosmopolitan, Bazaar, Vanidades, El Gráfico, Muy Interesante, Ser Padres, Runners, Revista 23, Popstar, Saber Vivir, Buenas Ideas, Uno mismo, Tribuna Económica y Radio América. A todos esos medios se le sumaron despidos en Editorial Atlántida (Revista Gente y Paparazzi), Editorial Perfil (Revista Caras), Editorial Públiexpress (Revista Pronto) y La Nación (Revista Hola). Eso significa más de 1.300 puestos de trabajo.
Persecución a la prensa
A mediados de 2018, el Gobierno de Macri decidió agrandar el desguace de los medios públicos, que ya había arrancado en la Televisión Pública y Radio Nacional. En junio, el entonces titular del Sistema Federal de Medios y ex funcionario de Fernando de la Rúa, Hernán Lombardi ordenó el despido de 357 empleados de la Agencia Télam, al tiempo que hacían ingresar a decenas de empleados con cargos jerárquicos y sueldos altísimos.
Durante 119 días, acciones gremiales constantes, permanencia en los edificios de la agencia, marchas en todo el país y la lucha de los trabajadores que aún hoy es un ejemplo, se pidió por la reincorporación de los empleados. Los despidos también habían afectado a la planta de Paka Paka, Canal Encuentro y DeporTV. La censura en los medios públicos no dio tregua.
A partir de los despidos, en la TV Pública se eliminaron las paritarias, las horas extras y las coberturas en exteriores para lograr que los sueldos se licuen con la inflación. Lo lograron. Además, los conductores de los noticieros fueron desplazados por empleados externos elegidos por Lombardi. En tanto, varios asesores supervisaban las tareas de la gerencia de Noticias y actuaban como censores. Además, desde la gestión encabezada por Lombardi se cuestionó y pidieron “explicaciones” a los periodistas del noticiero que había dicho que Juan Guaidó se había “autoproclamado presidente de Venezuela” y utilizaron el término “intento de Golpe”.
En el mismo sentido, el gobierno de Macri realizaba diversas bajadas de líneas editoriales dignas de los 70. Por ejemplo, las autoridades de entonces obligaron a sus conductores y conductoras a no usar la expresión Dictadura “cívico-militar” sobre el Golpe de 1976. El periodista Gerardo Mazzochi, fue eliminado de las coberturas en exteriores por decir la palabra “represión en ugar d e incidentes y le sacaron su acreditación en Casa de Gobierno, después de 20 años en la radio. A Abel Caminos, que era por entonces jefe de turno del informativo, lo cesantearon y lo desplazaron de su puesto por afirmar en una noticia que la producción y ventas de la industria automotriz había caído en 2018.
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Cárcel y negociados
Desde 2015 Macri tenía en claro que iría en contra de sus detractores y el grupo Indalo era uno de ellos. En 2015, cuando faltaba poco para las elecciones, el empresario citó al dueño de C5N, Cristobal López en la casa de Franco Macri y le pidió el canal de noticias para “meter presa a Cristina”. Como López se negó, comenzó una persecución que terminó con él y Fabián de Sousa, su socio, presos por la causa Oil Combustibles
Dentro de la prisión, López y De Sousa fueron extorsionados por distintos enviados de Macri como Pepin Rodríguez Simón, al tiempo que hacían pedidos de quiebra o embargos. En ese escenario, distinos empresarios como Orly Terranova o Ignacio Rosner, allegados al macrismo, hacían ofertas irrisorias para comprar al Grupo Indalo. Luego de 2 años y medio de juicio oral, la Justicia absolvió a los empresarios.
Preso por tuitear
En 2016, Nicolás Lucero tenía 20 años y era un ávido usuario de Twitter, la misma red social donde el troll center de Marcos Peña, ex jefe de gabinete de Macri, destila odio, insultos y amenazas a quien opine distinto. Un día, el joven hizo un chiste en Twitter y escribió: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal (12)”.
¿Por qué escribió esa canción de cancha? Él mismo lo explicó en una entrevista: “Lo escribí después de un problema que hubo con Chacarita. Estaba el rumor de que, como siempre, querían suspender la cancha y se cantó contra AFA, Aprevide y contra él (en referencia a Macri). Pero son cosas que se cantan en la cancha”.
A las pocas horas de dicho tuit, la víctima recibió la visita de los agentes de la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal, por orden del Ministerio de Seguridad, que estaba a cargo de Patricia Bullrich. “La Policía allanó mi casa, vino un técnico, revisó uno por uno todos los celulares de mi familia, como si yo tuviera el plano de una bomba. No sé. Y de ahí me llevaron a la dependencia. Nunca había pisado una. Me hicieron poner las huellas y me temblaban las manos”, contó en aquel momento. Finalmente, el 21 de marzo de 2018, Lucero utilizó su cuenta de Twitter y dio una buena noticia sobre la causa penal por “intimidación” al entonces presidente: “Después de mucho tiempo, me llamó mi abogado y me dijo que SOY INOCENTE. Gracias a todos mis fans que siempre me bancaron Y LOS QUE NO QUE SE VAYAN A LA CONCHA DE SU MADRE !”
Un informe demoledor
En junio de 2019, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) informó que tras cuatro años de macrismo, más de 4.500 trabajadores de prensa fueron despedidos en todo el país. En síntesis, significó la pérdida de un 30% de los puestos de los trabajadores y las trabajadoras bajo Convenio Colectivo. Según SIPREBA “los empresarios aprovechan la situación crítica para precarizar periodistas bajo la figura de 'colaboradores' y free lance. Es así que violan el Estatuto del Periodista Profesional, con la complicidad del Estado: por acción u omisión de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Medios Públicos encabezada por Hernán Lombardi, del ENaCom o de la Jefatura de Gabinete”.
En tanto, sobre la represión contra periodistas, el informe de SIPREBA detalló sobre el macrismo: “Los ataques a la libertad de prensa por parte del aparato represivo del Estado nacional se convirtieron en moneda corriente para este gobierno: desde 2016 a esta parte hubo 28 detenidxs y 55 heridxs por balas de goma. La frialdad de las cifras no transmite cabalmente la dificultad de cubrir acontecimientos vinculados a la protesta social en las calles, pero evidencian que el sesgo represivo tiene un correlato con el ajuste”.