13 Enero de 2016 20:10
El intendente de La Plata, Julio Garro, afirmó hoy que “estudiarán la incorporación” de los trabajadores estatales despedidos, tras reunirse con representantes gremiales.
Garro se reunió con dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales, UPCN y ATE, con quienes se evaluó la situación laboral del personal en la Comuna.
El intendente se reunió con representantes gremiales.
“Vamos a estudiar la incorporación de cada trabajador que fue solicitado por los gremios. Hay predisposición de trabajo conjunto y mucha voluntad de poder seguir articulando acciones que nos permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales”, explicó.
Julio Garro prometió “estudiar la incorporación de cada trabajador”.
Además, el intendente aseguró que “los convocamos para dialogar, escuchar a los gremios y poder avanzar en definiciones concretas con respecto a dar continuidad laboral a los trabajadores que efectivamente cumplían funciones dentro del Municipio”
los reclamos
los ex trabajadores municipales se habían manifestado el pasado lunes frente al palacio comunal para reclamar su reincorporación y expresar su repudio a la represión policial del pasado viernes, que dejó un saldo de veinte heridos por postas de goma disparadas por efectivos de la Infantería.
Los trabajadores despedidos se manifestaron frente a la Municipalidad de La Plata.
La idea sería reincorporar a 2.500 trabajadores que habían sido cesanteados el 31 de diciembre, en tanto se expresó el compromiso de revisar otros 500 casos.
“Se abrió una puerta al diálogo por si quedan casos donde pudo haber una injusticia”, sostuvo el secretario General del municipio, Javier Mor Roig, aunque manifestó que el resto de los cesanteados -según la cuenta de Twitter “El Despidómetro” son un total de 4.500- no volverá a trabajar para el municipio.
El secretario general, Javier Mor Roig, expresó que se abrió una puerta al diálogo.
Además, el funcionario mencionó entre ellos “a ñoquis y personas que no tenían un lugar de trabajo y funciones claras”.
La decisión de Garro había sorprendido en su momento, ya que había acusado a la administración anterior de ““manejarse mal administrativamente”.
La manifestación de los despedidos fue reprimida por la policía.
“El 31 de diciembre caducaron los contratos y decidimos no renovar los que corresponden a puestos políticos y empleados de papel. La ley nos ampara. Las normas están para cumplirlas. Tenemos 2.500 personas que estaban en planillas y no cumplían funciones”, había expresado Garro en su momento.
