24 Julio de 2017 10:40
La Unidad de Información Financiera le envió un comunicado al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en el cual expresó su preocupación por la posible vinculación entre el interventor de la Caja Popular de Ahorro de la provincia y los propietarios de una firma dedicada al juego denunciada por lavado de dinero, narcotráfico y explotación sexual.
A la izquierda, Rubén Alé. A la derecha, su hermano, Adolfo.
El organismo apuntó contra Adolfo Ángel Ale y Andrea Viviana Acosta, propietarios de la firma POINT LIMITS SRL, dedicada al juego. Ambos se encuentran imputados en una gigantesca causa que llevó a la prisión a Rubén Eduardo Alé, hermano del primero y ex presidente de San Martín de Tucumán, acusado de lavado, narcotráfico y explotación sexual.
En esa causa también se encuentran imputados Alé y Acosta. Al primero se lo acusa de lavado de dinero y jefe de una asociación ilícita involucrado en diversos crímenes como al explotación sexual de mujeres, usurpación, amenazas, lesiones, abuso de armas de fuego, narcotráfico y evasión, entre otros. Por su parte Acosta está imputada por el delito de lavado de activos.
La UIF le recomendó a Manzur prestar atención a la extraña conexión entre las partes.
En este contexto, la UIF apunta ahora contra Armando Cortalezzi, interventor de la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán, organismo que autoriza las operaciones de POINT LIMITS SRL.
En rigor, para el Ministerio Público Fiscal, la Administración de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera, la empresa está conectada con la organización criminal que encabezada Rubén Eduardo Alé y que luego continuó su hermano y el resto de los imputados, que hoy enfrentan a la Justicia.
El escrito al que accedió BigBang.
Lo cierto es que en su reciente presentación la UIF tomó el testimonio de una testigo protegido para advertirle a Manzur de las prácticas de la empresa y Cortalezzi. Según declaró una mujer cuya identidad se mantiene en reserva, Alé y la autoridad provincial participarían en actividades de proxenetismo y explotación de mujeres. Incluso la mujer indicó que el propio Cortalezzi le propuso participar de una fiesta VIP con el objetivo de prostituirse.
Cortalezzi, la autoridad provincial acusada por la UIF.
A este último argumento, se suma que la firma POINT LIMITS SRL fue sancionada por no cumplir con la regulación prevista para la prevención de lavado de activos en empresas que se dediquen a la explotación del juego y resaltó que la denuncia detalla que en los locales de la firma, se cometieron delitos de narcotráfico.
Ante esta serie de manifestaciones y pruebas, la UIF le recomendó a Manzur prestar particular atención en la actividad comercial de la firma y su vínculo con Cortalezzi, el hombre que debería controlarla y que, a su vez, es acusado de participar en los espurios negocios.
