Una nena de 12 años que quedó embarazada producto de una violación es el eje de una polémica en Jujuy, ya que los médicos del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana pusieron reparos a la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo.
Militantes pro-vida en la puerta del Hospital.
A la falta de voluntad del cuerpo médico por hacer cumplir la ley se sumó un amparo de la Fundación Más Vida, que determinó el freno judicial a la intervención.
En las puertas del hospital, mientras tanto, grupos pro-vida encabezados por la diputada radical Gabriela Burgos se enfrentaron con militantes a favor del aborto seguro, libre y gratuito.
Militantes a favor y en contra del derecho al aborto se cruzaron en la puerta del hospital.
Paralelamente, la abogada de la familia de la niña, Marta Paniagua, criticó el freno al procedimiento señalando que los que tomaron tal decisión "vuelven a condenar a la nena abusada".
De acuerdo a los familiares, el abuso sexual que determinó el embarazo fue cometido por un vecino que "la engañó para que fuera a su casa y violarla, amenazándola luego con matarla y matar a toda su familia si lo contaba". El hombre fue detenido.
Los médicos del hospital, mientras tanto, se escudaron en el hecho de que el embarazo era de 24 semanas de gestación y que interrumpirlo en ese punto "sería muy peligroso para la menor".
Sin embargo, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir denunció que los profesionales incurrieron en "maniobras dilatoriaa" para no aplicar el protocolo.
El gobierno decide
El tema, al menos por ahora, fue zanjado por el gobierno provincial, quien aseguró que la interrupción legal del embarazo será practicada en este caso.
"Vamos a cumplir inmediatamente el fallo de la Corte", señaló en diálogo con TN el gobernador jujeño Gerardo Morales subrayando que "el caso entra casi en las 3 causales que prevé el código que autorizan y legalizan la interrupción del embarazo".
De acuerdo a un comunicado oficial, la decisión final se basa en "el fallo FAL dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que regula los supuestos de interrupción legal del embarazo el cual, tras efectuar un exhaustivo análisis del artículo 86 del Código Penal de la República Argentina, concluyó que la interrupción del embarazo sea en caso de riesgo para la vida, la salud de una mujer o en caso de violación constituye una práctica legal no prohibida".
Luego de la presión gubernamental, los médicos decidieron que el embarazo se interrumpirá mediante la práctica de una cesárea "por resultar el procedimiento que mejor resguarda la salud integral de la niña".