23 Enero de 2019 12:22
“Si contás algo te mato”, le dijo al oído su vecino mientras la violaba. Él tiene 58 años. Ella sólo 12. El ataque marcó el fin de su infancia. Su inocencia se quebró. Hubo un antes y un después: ya no era la misma. Pudo hablar con su mamá 23 semanas después. Hicieron juntas la denuncia. Sabían que lo que les esperaba no era fácil, pero nunca imaginaron que iban a tener que enfrentar lo peor del aparato patriarcal expresado en su máxima expresión.
El hombre quedó detenido. Ella estaba embarazada. No lo sabía, ni lo imaginaba. Pidió que le practicaran aborto. No quería ser madre. No estaba preparada. No lo había buscado. No era, pese a lo que le decían en el Hospital, un “regalo de la vida”. Era, nada más y nada menos, el producto de una violación.
Los médicos del Hospital Guillermo Paterson de San Pedro la escucharon. Después de todo, desde 1921 la ley nacional los obliga a hacerlo. Sin importar incluso el fallo de la Corte Suprema, los médicos objetores de consciencia se lo negaron. Le impusieron que dejara de ser una nena de 12 años. Le impusieron que dejara de ser una víctima de una violación. La convirtieron en una incubadora humana. Después de todo, quisiera o no, era madre y “debía hacerse cargo” de esa criatura.
La dejaron cinco días internada hasta que ordenaron llevarla al hospital Materno Infantil de San Salvador. Al parecer, para los funcionarios provinciales el caso no era urgente. La trasladaron recién después de que el caso estallara en los medios nacionales gracias a la denuncia de la familia de la nena y al apoyo que recibieron por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ya no había excusas. Una cosa era pisotear sus derechos sin que nadie se enterara, otra que el feudalismo quedara expuesto a nivel nacional: más en un año electoral. La presión de la Iglesia y de los movimientos autodenominados “pro vida” parecía haber perdido su fuerza ante el reclamo de la sociedad. “El estado de edad cronológica de la niña y el estado gestacional avanzado obligaba, para la seguridad de la niña, a realizar los procedimientos en el hospital provincial”, intentó justificar el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, cuando le preguntaron por qué habían demorado su traslado. Niña, niña, niña. ¿Cómo es posible referirse a ella como lo que es -una niña- y al mismo tiempo obligarla a convertirse en madre a la fuerza?
Una semana después, la nena fue sometida a un control médico. “Ahí, después de que le realizaron todos los estudios, se comprobó que estaba de 24 semanas y media”, precisó Bouhid. Fue entonces cuando, en medio de la fuerte presión social, el equipo interdisciplinario del hospital se vio en la obligación de “dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema”.
“Vamos a cumplir inmediatamente el fallo de la Corte y el artículo 86 inciso 2 del Código Penal. El caso de esta niña de 12 años entra diría casi en las 3 causales que prevé el código que autorizan y legalizan la interrupción del embarazo. Con lo que he dado las instrucciones para que en lo inmediato se actúe”, tuvo que salir a decir el gobernador Gerardo Morales.
Pero su palabra no se cumplió. A la nena no le practicaron un aborto, pese a que la ley y el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo no establecen un plazo de gestación para realizar la práctica. “Acá se hizo una interrupción de un embarazo con una cesárea”, dijo el ministro. Se equivoca, señor funcionario: lo que hicieron no fue una interrupción de embarazo -tal como establece la ley-, lo que hicieron fue un parto. Le impusieron una maternidad no deseada; como si las mujeres fuéramos meras portadoras de úteros sin psiquis, deseos o derechos. Como si dar a luz a un bebé no deseado, al hijo de tu violador, no fuera una tortura psicológica irreversible. Me pregunto, Bouhid, Morales, ¿ustedes se someterían a esa tortura si la biología se lo permitiera?
Mientras esperaba por entrar al quirófano para someterse a una práctica que rechazaba, la nena de 12 años vivió otro calvario cuando los funcionarios provinciales permitieron que organizaciones “pro vida” se manifestaran en la puerta del hospital. Después de una semana de destrato psicológico, de dilatar un aborto para convertirlo en un parto experimental, mientras la obligaban a convertirse en madre y la revictimizaban una vez más, se dieron el lujo de permitir que un grupo de personas le gritara “asesina” durante horas.
Finalmente, la nena de 12 años fue madre a la fuerza el viernes por la tarde. Los riesgos físicos de la cesárea no importaron. Su negativa, menos. Tras la intervención, como era de esperarse, la nena no quiso tener contacto con el fruto de su violación. Pero el daño físico y psicológico ya era irreversible. En la otra punta del hospital, en tanto, seguía en marcha el plan feudal-patriarcal. Había nacido un bebé que tenía, en el mejor de los casos, una expectativa de sobrevida del 30 por ciento.
Mientras los médicos hacían lo imposible para mantener con vida a la criatura, el gobernador volvió a dejar en evidencia sus prácticas feudales al asegurar que la criatura iba a ser dada en adopción y que “una familia muy importante” de la provincia quería adoptarla. El señor Morales pisoteó una vez más a la Justicia y pasó por alto al Código Civil y Comercial de la Nación que establece en su artículo 611 la prohibición expresa de la “entrega directa de niñas, niños y adolescentes”.
La adopción ilegal propuesta por el propio gobernador no llegó. “Esperanza”, como la apodaron los médicos del hospital, murió el martes a las 20.30. “Sobrevivió” sólo tres días. Su existencia se redujo a una tortura total: nunca pudo respirar, ni comer por sus propios medios; la mantuvieron aislada y al resguardo de cualquier estímulo que pudiera causarle un infarto. Fue un calvario de 72 horas para la beba, una cicatriz que la nena de 12 años llevará por siempre en su cuerpo.
