27 Enero de 2023 16:30
Un nuevo pedido de juicio político pero contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Al ya iniciado juicio político contra los miembros de la Corte Suprema que plantea al menos 14 proyectos con los que se pretende desplazar a los cuatro de su cargo por mal desempeño; el viernes, Pablo Llonto informó que presentó un pedido de juicio político en contra del Presidente de la Corte por “una mala gestión en el impulso de los juicios de lesa humanidad" que consideró como “falta grave”.
El abogado querellante en juicios de lesa humanidad culpó individualmente a Rosatti de no cumplir sus funciones en este tema. En Radio 10, el letrado afirmó: “Tiene la función de convocar a una Comisión Interpoderes para acelerar los juicios de lesa humanidad, pero no lo hizo desde que asumió como Presidente de la Corte”. Y, agregó: “No convocó más a la Comisión, que había logrado acelerar los procesos judiciales. Tenemos que estar atentos a las malas gestiones de los jueces de la Corte. El mal desempeño de un juez, implica el pedido de juicio político".
Llonto, quien ejerce como querellante en infinidad de causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, declaró en su presentación del pedido de juicio político que la conducta de Rosatti "deshonra las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos”.
“La gravedad de la situación actual (instrucción de centenares de causas a ritmos indolentes y lentos, fijación de audiencias en debates orales una vez por semana o una vez cada 15 días, falta de personal en tribunales y juzgados, excesivas demoras en el tratamiento de recursos, apelaciones y vías recursivas en Cámaras y en la propia Corte) motivó que en agosto de 2020 el Senado de la Nación incluyese en el Proyecto de reforma Judicial tres artículos destinados a 'acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad'. Sin embargo, las dos últimas presidencias de la Corte, pero con mayor desidia la de Horacio Rosatti, han desactivado dolosamente todo mecanismo para resolver este problema y mucho menos han tomado medidas para agilizar las miles de denuncias y casos que desde los años 70 esperan respuesta por parte de víctimas y familiares de las víctimas", expresó en su presentación.
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Este pedido de Llonto llegó una semana después de que Patricia Isasa, una de las víctimas de la última dictadura militar, lo denunciara por “proteger a uno de sus secuestradores” durante su gestión como Intendente de Santa Fe. Isasa había manifestado que esperaba el despido del represor Eduardo Ramos Campagnolo, quien era empleado de la intendencia en ese entonces, y ella lo había identificado como quién la violó y torturó en 1976, cuando ella solo tenía 16 años.
“A Ramos Campagnolo lo condenaron a 16 años de prisión por delitos cometidos durante 1978 y lo separaron de la Policía. Luego la Justicia le aplicó el 2×1, lo liberó y comenzó a trabajar en la municipalidad”, comentó Isasa y lo calificó como un “depredador”, también en comunicación con Radio 10 en su momento. Además, manifestó: “Como sociedad tendríamos que estar orgullosos de la Corte que tenemos, como en algún momento estuvimos orgullosos que hubiera un (Eduardo) Zaffaroni o una (Carmen) Argibay. No se puede tener una Corte sospechada de estas cosas, de encubrir a un represor, al que salvás para que haga actividades gansteriles”.
