31 Mayo de 2015 16:27
El jefe de Gabinete y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el FPV, Aníbal Fernández, señaló que la seguridad “debe ser una prioridad en la agenda provincial”, y apuntó contra el accionar de algunos jueces “que pareciera ser que no tienen muchas ganas de trabajar”.
En los últimos años, las declaraciones del jefe de Gabinete sobre la inseguridad tomaron mayor relevancia, debido a su polémica frase respecto de que la inseguridad era una sensación. En este sentido, hoy señaló que “en el tema seguridad los primeros pasos están dados y son positivos”, y agregó que se sumaron “por lo menos treinta mil hombres y mujeres más de lo que había tradicionalmente en la provincia de Buenos Aires. Luego hay que darle al personal una preparación continua y hacer un fuerte trabajo con respecto a inteligencia criminal”.
En abril de 2014, el entonces senador fue víctima de un episodio de inseguridad, cuando lo asaltaron en el partido de Avellaneda y se llevaron el BMW que conducía. Tras ese episodio, Fernández se refirió a sus polémicas frases sobre la “sensación de inseguridad”, y remarcó: “Lo dije, y me tengo que joder por pelotudo. Es mentira que no hay hechos de inseguridad”.
Pero además, el jefe de los ministros también cuestionó la actuación de algunos magistrados. En particular apuntó contra el juez de Garantías de Dolores, Gastón Giles. “Su estadística es un espanto, lo que significa que le preocupa muy poco estar encima de las fuerzas de seguridad y detener cuando tiene que detener a los responsables”, sostuvo Fernández, quien además disparó: “Sería muy importante que se ponga las pilas porque pareciera ser que no tiene muchas ganas de trabajar”.
En el último tiempo, el juez Giles fue cuestionado en varias ocasiones por su labor. Inclusive el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, anunció que presentará un jury de enjuiciamiento” contra el magistrado, teniendo en cuenta que cuando subroga en el distrito, “los robos calificados se incrementan sensiblemente, las órdenes de allanamiento se demoran y los delincuentes quedan en libertad aunque haya pruebas” de los hechos cometidos, situación que se replica “a lo largo de toda la región”.
